
Madrid, 23 may (EFE).- El conflicto de la estiba, abierto desde febrero pasado a raíz del proceso de liberalización del sector puesto en marcha por el Gobierno, a exigencia de la Unión Europea, parece entrar en la recta final de su cierre definitivo, tras un principio de acuerdo entre los sindicatos y la patronal Anesco.
La parte social y empresarial alcanzaron ayer este preacuerdo, que ha permitido suspender las cinco primeras jornadas de huelga de las ocho previstas y que se iban a iniciar mañana, pero sobre el que planeaba la sombra de que la patronal Anesco pudiera dejar de ser el interlocutor de los sindicatos a petición de parte de sus asociados.
Sin embargo, el camino ha quedado despejado después de que la asamblea general extraordinaria de Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques) rechazara hoy la propuesta de modificación de sus estatutos, con lo que seguirá ostentando la representación de los asociados frente a los sindicatos y, en especial, para la negociación de acuerdos y convenios colectivos de nivel estatal.
Otra asamblea general extraordinaria, en este caso de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm), el sindicato mayoritario de los estibadores, ha respaldado el principio de acuerdo logrado ayer.
Los sindicatos y la patronal volverán a reunirse el próximo 1 de junio, tal y como acordaron ayer, para intentar cerrar un acuerdo definitivo, lo que permitiría la suspensión de las tres jornadas de huelga restantes y devolvería la normalidad a los puertos, cuyos tráficos se han visto afectados por el conflicto.
El coordinador general de la Cetm, Antolín Goya, ha señalado, en una rueda de prensa que la asamblea ha marcado los pasos a dar en la siguiente etapa del proceso negociador, que se abre en dos fases "claramente diferenciadas", pero relacionadas entre sí.
La primera se refiere a los acuerdos con la patronal y a un convenio colectivo estatal y, la otra, al desarrollo del reglamento del decreto-ley, destacando cuestiones como la formación y las ayudas de 120 millones de euros ofertadas por el Gobierno para prejubilaciones voluntarias, que necesitan un cierto ajuste y garantías.
Entre los objetivo fijados por la asamblea destacan la garantía del mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la participación de los estibadores en la formación para los nuevos ingresos, la transformación de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (sagep) y el compromiso de las empresas de permanecer en los centros portuarios de empleo, así como la garantía de contratación del 100 % de los turnos y no del 75 % y del 50 % como fija el real decreto-ley.
La negociación de todas estas cuestiones recoge el principio de acuerdo y también que, como contraprestación a los compromisos que adquirirán las empresas, los estibadores aceptan rebajas salariales del 10 % para los sueldos más elevados y medidas de flexibilidad que mejoren la productividad y la competitividad de los puertos.
Aunque Anesco valora la necesidad de mantener espacios de diálogo abiertos y lograr un acuerdo con la parte social, la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (Pipe) ha reclamado que el desarrollo reglamentario del real decreto-ley no deje en manos de la negociación colectiva toda la regulación en materia laboral.
La Plataforma teme que la reforma "se convierta en una mera transformación cosmética de un sistema ineficiente y que penaliza la competitividad de la economía española".
El preacuerdo ha sorprendido incluso al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha reconocido que "no esperaba tanta rapidez" y lo ha atribuido a las "reglas de juego e instrumentos equilibrados" contenidos en el real decreto-ley.
De la Serna ha adelantado, asimismo, que el desarrollo reglamentario del real decreto-ley se tramitará por vía de urgencia, a expensas del dictamen de los servicios jurídicos del Ministerio, tal y como piden los sindicatos y Anesco para poder acorten los plazos y tener clara cuál es la norma final lo antes posible.
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