MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró hoy que Navantia firma contratos y reparte la carga de trabajo, "como cualquier compañía", de acuerdo a criterios de gestión "estrictamente empresariales" y sin voluntad de excluir a ninguno de los centros de trabajo.
Solbes explicó que el Gobierno ha integrado al astillero de Fene en la unidad de producción de Navantia denominada 'Ferrol-Fene', enmarcándolo en el plan de futuro diseñado para esta compañía y dedicado a la construcción naval militar, con el objetivo de proteger a los trabajadores, "precisamente para que gocen de las mismas garantías y del mismo futuro que el resto de empleados en la compañía". "Es la única opción posible, la única posibilidad ante la ausencia de viabilidad del astillero", advirtió.
El vicepresidente hizo estas declaraciones en el Senado en respuesta a una pregunta sobre la distribución de la carga de trabajo de Navantia del senador del BNG Francisco Xesús Jorquera, quien denunció que los astilleros gallegos, a pesar de ser "punteros en Europa por su capacidad tecnológica" y por "su constatado saber hacer", quedan "excluidos" del reparto de la cartera de pedidos de construcción civil.
Solbes explicó que la limitación de la actividad civil en los astilleros españoles es "una condición impuesta por la UE prácticamente desde la adhesión de España a la Unión" y que si el Gobierno no hubiera cumplido lo acordado con Bruselas "habría que haber devuelto 1.250 millones de euros de ayudas públicas".
Asimismo, argumentó que en el supuesto de que Fene pudiera dedicarse a la construcción civil de buques, "difícilmente podría competir en los segmentos de mercado para los que fue diseñado en su momento". "El astillero que usted describe de color rosa y con grandes posibilidades para el futuro perdió 370 millones de euros desde 1996 a 2004, el 38% de los ingresos en el mismo periodo", replicó Solbes a Jorquera, antes de precisar además que en la actualidad la unidad Ferrol-Fene "tiene una ocupación superior al 96%".
Solbes aseguró que las gestiones y actuaciones que el Gobierno realiza en la construcción naval pública son "las necesarias para cumplir la legislación nacional y comunitaria" y los compromisos "ineludibles" recogidos en los acuerdos de diciembre de 2004 con los sindicatos más representativos de Izar y con las autoridades comunitarias de Competencia.
Según explicó, esas actuaciones han permitido "salvar los centros de la antigua Izar abocados en caso contrario al cierre" y conseguir el objetivo de mantener la actividad de construcción naval militar dentro del ámbito público naval y mantener la actividad civil en el ámbito privado mediante la venta de activos de Izar a punto de concluir.
Por su parte, Jorquera explicó que los astilleros gallegos quedan "excluidos" del reparto de la cartera de pedidos de construcción civil de Navantia y que el Gobierno no hace "nada" por cumplir lo aprobado "por amplia mayoría" en el Senado sobre el futuro de los astilleros.
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