Descontaminación del embalse de Flix, en punto de mira en operación Acuamed

Flix (Tarragona), 19 ene (EFE).- Las obras de descontaminación del embalse de Flix son unas de las que se encuentran en el punto de mira en la operación anticorrupción desarrollada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por fraude millonario en la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Según la Guardia Civil, la empresa estatal Acuamed "presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y falsificado certificados y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias".

Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014, tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción.

Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.

Según fuentes cercanas al caso, uno de los contratos bajo el punto de mira de Anticorrupción es la descontaminación del embalse de Flix, adjudicada a FCC por 165 millones de euros en 2008 (el 70 % de los cuales aportados por la UE), cuyo coste final ha ascendido a más de 190 millones.

Entre los registros efectuados ayer se encuentra también la sede de Acuamed en Flix, donde se requirió documentación diversa con el objetivo de averiguar la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que abonar a las adjudicatarias.

Desde diciembre 2013 y hasta el pasado noviembre, del pantano de Flix se han sido extraído 690.000 m3 de lodos contaminados, equivalentes a 1.130.000 toneladas.

Alrededor de un 6 % de esta cantidad de residuos ha tenido que pasar por procesos especiales de tratamiento, lo que convierte a esta obra en una de las mayores en materia de descontaminación efectuadas en España.

La Operación Frontino, que es como se ha bautizado la investigación, se ha saldado de momento con 13 detenidos y 16 registros en domicilios de los implicados y en diferentes sedes de la empresa.

Aparte de los 13 detenidos, el juez ha imputado a una treintena de personas, entre funcionarios y empresarios que recibieron contratos a dedo, troceados o hinchados, de esta empresa española, lo que elevaría el fraude a más de 25 millones de euros.