BRUSELAS (Reuters) - Los ministros de Interior de la Unión Europea se enfrentaron el jueves sobre la forma en que deben ser castigados los empleadores de inmigrantes ilegales, en el que supuso su último desacuerdo en política de inmigración.
Doce estados - incluidos todos los países de la Europa mediterránea, que reciben oleadas de inmigrantes ilegales pormar - estuvieron de acuerdo con la presidencia francesa de la UE, en que el bloque debería convenir sanciones paracastigar a quienes contraten ilegales.
Pero otros ocho, incluidos Alemania, Polonia, Suecia y Países Bajos, se han opuesto a la idea de una medida de estetipo a nivel europeo, alegando que cada país debería tener la libertad de decidir cómo manejar el tema.
Los estados de la UE también discreparon sobre la propuesta francesa de enviar inspectores a al menos el 5 por cientode las empresas en sectores con los mayores niveles de empleos ilegales, como la construcción, los hoteles o laagricultura.
"Hay otras formas de combatir el empleo ilegal (...) las medidas penales no están justificadas", dijo el ministro delInterior alemán, Wolfgang Schaeuble, a sus homólogos en un debate televisado.
Schaeuble también se opuso a cuota alguna para las inspecciones. "No es la cifra lo que cuenta, sino la calidad".
La Unión Europea ha reforzado su combate contra la inmigración ilegal durante los últimos años, pero en cadamomento ha luchado por encontrar un consenso entre las diversas políticas nacionales.
La Comisión Europea calcula que hay hasta 8 millones de inmigrantes ilegales en el bloque de 27 naciones y dice queel empleo ilegal es el primer factor que impulsa la inmigración ilegal.
El comisario de Inmigración de la UE, Jacques Barrot, aseguró el jueves que se necesitaban sanciones penales paracastigar los abusos más graves y disuadir de la contratación de inmigrantes ilegales.
El debate del jueves se basaba en una propuesta realizada por el Ejecutivo de la UE, que también prohibiría acualquier persona que emplee inmigrantes sin permiso de trabajo participar en contratos públicos durante varios años.
Los empleadores que quebrantaran las normas también tendrían que reembolsar los subsidios de la UE y pagar losbilletes de avión para enviar a los ilegales de vuelta a sus países de origen.
/Por Ingrid Melander/
