Madrid, 16 abr (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará mañana la reforma de la Ley General Tributaria que prevé la publicación en el cuarto trimestre de este año de una lista de deudores con Hacienda y otra de defraudadores condenados por sentencia firme en los tribunales.
La primera lista, la de deudores, estará compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón de euros.
Serán personas físicas y jurídicas con potencial económico y a las que ya se les han pasado los plazos de ingreso en período voluntario.
Hacienda considera que con la publicación de esta lista se propicia el cumplimiento voluntario e ingreso efectivo de las deudas y se dota de mayor transparencia las deudas tributarias.
Además, también saldrá a la luz pública una lista de defraudadores con las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra la Hacienda pública que se confirmen tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven de hechos acaecidos previamente.
El objetivo de Hacienda es que los incumplimientos tributarios más relevantes, que tienen reproche penal, sean objeto de publicación y así concienciar a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales para que paguen.
El Gobierno remitió el pasado 27 de marzo al Consejo de Estado el texto del anteproyecto de la Ley General Tributaria para que hiciera las correspondientes observaciones.
El borrador del anteproyecto destaca que la norma sigue el principio de adaptación continua de la norma tributaria a la evolución de la sociedad y a los mecanismos que conforman las relaciones jurídicas y económicas entre los ciudadanos.
Entre los objetivos que persigue cita el reforzamiento la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la administración tributaria, así como la reducción de la litigiosidad en esta materia, "para lo que es fundamental lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario".
También intenta prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, e incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la administración.
El borrador concreta que estos objetivos se sintetizan en "mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y eficaz".
Asimismo, la reforma de la Ley General Tributaria implica un incremento del plazo del procedimiento de inspección.
Además, como contrapartida, hay determinadas "vicisitudes" durante la tramitación que no van a alargar el plazo del que la administración tributaria dispone para finalizar el procedimiento, como los aplazamientos solicitados por el obligado tributario para cumplir trámites o el periodo de espera de datos solicitados a otras administraciones.
