Banco Popular puede ser la entidad española más perjudicada por el cambio del régimen de resolución bancaria que se aplique con el nuevo sistema de Supervisión Única del Banco Central Europeo (BCE). Para evitar que tengan que cubrirse futuras pérdidas de los bancos con ayudas públicas, se les obligará a asumir una parte del rescate de forma interna, un famoso bail-in que será del 8 por ciento de los activos.
Esto significa que el apoyo de los Estados se vuelve más difuso o, cuanto menos, genera mayor incertidumbre, ya que ante un impago, los inversores particulares serían los primeros en cargar con una parte de las pérdidas acumuladas. En España esta normativa será aprobada a finales de 2015 o, a más tardar, a inicios de 2016 y podría tener un impacto negativo en los ratings de los bancos.
Por este motivo, Standard & Poor's tiene un tercio de las calificaciones crediticias de los bancos españoles en perspectiva "negativa". Este menor apoyo, o apoyo más incierto, del sector público de cara al futuro podría eliminar este extra "que tienen las entidades españolas por encima de su rating intrínseco", explica Jesús Martínez, responsable de Instituciones Financieras para el sur de Europa de la agencia. Las entidades españolas podrían sufrir deterioros de su calificación crediticia en el futuro, advierte S&P.
Todos los bancos españoles tienen un escalón de rating por encima de su calificación intrínseca gracias al apoyo del Estado, que es el nivel que podrían perder. Sin embargo, en el caso del Popular, la situación es más complicada, ya que tiene dos peldaños más gracias al apoyo estatal. Esto significa que su calificación podría caer desde el B+ actual hasta el B-. De este modo, se quedaría a un solo peldaño del nivel de "riesgos sustanciales de impago". Esta calificación significa capacidad escasa de pago en el largo plazo y alta probabilidad de impago en el corto plazo, muy dependiente del entorno económico.
Desde S&P advierten que el Fondo Único de Resolución no impedirá esta rebaja de los ratings, ya que el bail-in del 8 por ciento seguirá siendo obligatorio.
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