
Madrid, 20 ene (EFE).- Las multinacionales tendrán que informar sobre sus ventas, beneficios e impuestos que pagan en cada país, una norma que recoge el proyecto BEPS de la OCDE y que en España se incluirá en el reglamento del impuesto de sociedades.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, lo ha destacado hoy en una jornada sobre novedades fiscales organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC.
Ferre ha subrayado que el Ejecutivo está trabajando en la elaboración del reglamento de sociedades, cuyo objetivo es que este operativo en la primera parte del año.
El Gobierno español siempre ha subrayado su participación activa en el plan contra la erosión de la base tributaria y el movimiento de beneficios (BEPS, en sus siglas en inglés) de la OCDE, con el que se pretende luchar contra la fiscalización agresiva de las multinacionales.
Tras intervenir en la jornada y en declaraciones a los medios, la subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Begoña García-Rozado, ha detallado que la idea es que este aumento en el suministro de información de las multinacionales entre en vigor en el periodo impositivo 2016 y que debe presentarse en 2017.
García-Rozado ha señalado que esta medida no es un mecanismo para frenar la elusión fiscal (vía legal para evitar el pago de impuestos) y ha afirmado que la documentación que se pedirá a las multinacionales irá orientada principalmente a los precios de transferencia (precios fijados en las transacciones internacionales entre personas o entidades vinculadas fiscalmente).
Sobre este asunto, el analista fiscal de PwC, Javier González Carcedo, ha afirmado que las empresas están muy preocupadas por considerar que la información que se les pide es "muy sensible".
Asimismo, ha recalcado que la medida es un elemento para analizar el riesgo fiscal y que las administraciones tributarias de cada país puedan comparar la presencia de las multinacionales en un país determinado y los impuestos que pagan.
Este ha sido uno de los asuntos estelares de la jornada, en cuya apertura Ferre ha repasado la reforma fiscal, así como las principales novedades tributarias de este año, entre las que ha destacado la Ley para la Mejora del Gobierno Corporativo de las Empresas, que recoge que los consejos de administración serán responsables de su funcionamiento, al margen de la labor de los departamentos de fiscalidad.
En este sentido, ha hecho hincapié en la facultad "indelegable" de los consejos, que incluye tanto la estrategia fiscal global de la empresa como la aprobación de inversiones u operaciones que por su cuantía tengan un carácter especial de riesgo fiscal.
Además, los consejos deberán informar de ello a la sociedad en su conjunto mediante los informes de gobierno corporativo.
El secretario de Estado ha valorado que la gestión del riesgo fiscal se conciba como un elemento de buen gobierno corporativo, "una política impulsada por la OCDE y adoptada ya por algunos países anglosajones".
A su juicio, ello mejorará la transparencia de las empresas y facilitará la atracción de nuevas inversiones.
Ferre ha subrayado que la reforma fiscal permitirá dinamizar las inversiones e impulsar la capitalización empresarial.
Asimismo, ha reiterado que el Ejecutivo no considera necesario que la presión fiscal (el cociente entre lo recaudado por impuestos y la riqueza del país) supere el 38 % o el 39 % del PIB.
A este respecto, ha afirmado que primero hay que analizar cómo evoluciona la reforma fiscal y que ya habrá tiempo para ver si se puede hacer una nueva bajada impositiva.
En la clausura de la jornada, el director general de Tributos, Diego Martín-Abril, ha analizado el impacto positivo de la reforma fiscal a la que ha relacionado con términos como crecimiento, empleo, equidad, familia, mecenazgo y ahorro.
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