
Madrid, 13 oct (EFE).- Las entidades UBI Banca y Madrid Leasing (absorbida por Bankia) son las únicas entidades financieras, del centenar de bancos acreedores de Pescanova, que se han querellado contra la pesquera en el proceso penal que se lleva en la Audiencia Nacional contra la sociedad y sus directivos.
Así lo han confirmado a Efeagro fuentes jurídicas que han mostrado su extrañeza por este hecho, ya que son un centenar de entidades financieras las que se encuentran afectadas por el agujero patrimonial del grupo pesquero, que Deloitte ha fijado en 1.667 millones de euros y que ha supuesto elevadas quitas de hasta el 97,5 % de la deuda.
La italiana UBI Banca es una de las más afectadas por el elevado volumen de facturas falsas que emitió la estructura de PESCANOVA (PVA.MC) que contaba con empresas dedicadas específicamente a crear facturas falsas que utilizaba como sistema de financiación.
Según el informe forense de KPMG recogido por Efeagro, entre el 77 y el 80 % de la facturación de la sociedad Pescanova de los años 2011 y 2012, respectivamente, era ficticia.
Apunta que Pescanova infló hasta en un 1.264 % los precios de los productos del mar que vendía a las 14 empresas instrumentales con las que operaba a través de facturas falsas, operaciones todas ellas que llevaban el código "RCM" (Red 060 Comercial Mayor) y que no suponían una transacción real de mercancía.
El motivo de esta operativa radica en que Pescanova utilizó las facturas falsas como fórmula para financiarse, por lo que cuanto más altas fueran éstas, más dinero obtenía, explica a Efeagro una fuente jurídica.
Según la declaración como imputado el propio expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, ante el juez Pablo Ruz, "no había facturas falsas, sino que se trataba de operaciones de financiación de los 'stocks'".
Por ellas "se vendían unas mercancías que se habían capturado en temporada y los 'stocks' se mantenían para venderlos a lo largo del año. Más tarde se recompraban de nuevo al precio similar al que se habían vendido", aseguraba Fernández de Sousa.
Junto a las facturas falsas, KPMG detallaba en su informe que la financiación que había obtenido Pescanova a través de líneas de "factoring" (sistema que permite obtener de forma anticipada el dinero de la factura en el banco, que le aplica un descuento) era con recurso, es decir, que del pago responde la pesquera.
Motivo por el que debería haberse reflejado en sus cuentas anuales, pero no se podía consignar en el activo, sino en el pasivo.
Según KPMG, estas líneas de "factoring" eran conscientemente registradas por la pesquera en sus estados financieros como si careciesen de ese recurso, y compensaba estos pasivos financieros contra sus activos, por lo que la auditora cree que no se hizo conforme a la normativa vigente.
Pescanova había considerado como línea de "factoring" sin recurso un importe de 337,79 millones de euros.
KPMG recoge en su informe un correo electrónico -que relata cómo desde Pescanova se ocultaba toda esta información al auditor BDO- enviado por el responsable de tesorería de Pescanova, Juan Ramón Reboreda, al director financiero de la pesquera, Carlos Turci.
En él se dice textualmente que "los contratos de 'factoring' 'sin recurso' negociados con Madrid Leasing y con la participación directa del director comercial de Madrid Leasing, Alberto López-Escudero, mantenían por obligación impuesta por ellos una carta por debajo -oculta a auditores- donde se demuestra y constata que el "factoring" era en realidad con recurso y con características de póliza de crédito".
En este correo, Reboreda dice a Turci que transmitió a Alberto López Escudero que esta operativa "era un engaño (colusión por imposición de Madrid-Leasing, a quien había que entregárselo) a los auditores".