
Madrid, 30 sep (EFE).- La Comunidad de Madrid ha dado a la empresa UBER un plazo de 10 días, que finaliza este viernes día 3, para que presente las autorizaciones y licencias necesarias para iniciar su actividad en Madrid, de lo contrario será sancionada, ha dicho hoy el viceconsejero de Transportes, Borja Carabante.
Las sanciones económicas, que podrían aplicarse tanto a la empresa como a los particulares que presten servicio con sus coches sin la correspondiente autorización, pueden ir de los 4.000 a 6.000 euros y llegar hasta los 18.000 en caso de reiteración, y en principio no está previsto sancionar a los usuarios.
El viceconsejero ha reiterado "el compromiso de la Comunidad de Madrid por evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad de los usuarios", y que trabajará conjuntamente con el sector del taxi para "inspeccionar y sancionar los vehículos piratas" que actúen a través del aeropuerto, del teléfono y de aplicaciones como la de UBER.
Tras reunirse hoy con las asociaciones del taxi, el viceconsejero ha explicado que la empresa estadounidense "de momento ha comunicado que iniciaban su actividad", y la Consejería les ha dado de plazo hasta el próximo viernes para "acreditar la legalidad de su actividad".
Si la empresa no presenta la documentación, a partir del lunes se iniciarán "labores inspeccionadoras" y se impondrán sanciones económicas tanto a la empresa como a los particulares que presten servicio como conductores de Uber Pop por cada facturación que hagan.
Carabante ha remarcado que el Gobierno regional "dará cumplimiento a la legalidad" y que ha acordado con el sector "una estrategia de inspección, de acuerdo con Guardia Civil y la Policía municipal para, de manera conjunta, poder iniciar los expedientes sancionadores".
Además, la Comunidad solicitará al Ministerio de Fomento "que convoque a las CCAA para actuar de manera coordinada", ya que existe una Ley de transporte terrestre a nivel nacional que regula cuál debe ser la actividad y los permisos.
Para poder prestar servicio de transporte, "el conductor debe tener un título habilitante para ello; el intermedio entre particulares no lo tiene, por lo que es una actividad absolutamente ilegal", ha agregado.
Por su parte, el presidente de la Gremial del Taxi, Julio Moreno, ha hecho "una valoración positiva" de la reunión mantenida hoy, en la que "todos estaban de acuerdo en que la actividad de estas aplicaciones están totalmente al margen de la ley", y ha celebrado las "medidas contundentes" anunciadas por el Gobierno regional.
Moreno ha anunciado que se creará una "comisión de seguimiento y control con reuniones periódicas" semanales o quincenales para el seguimiento de las inspecciones.
A su juicio, la Comunidad de Madrid "ha sido contundente" y se ha comprometido a empezar a actuar en el momento oportuno, por lo que su valoración "en principio es positiva" y verá como se desarrolla el seguimiento de las medidas acordadas.
Por otra parte, la Gremial ha presentado un escrito planteando que se promuevan "las modificaciones legales necesarias para permitir la inmovilización de todo vehículo que pueda estar usándose para la realización ilícita de transporte público de viajeros en vehículos turismo".
En concreto, pide que el Gobierno regional promueva en la Asamblea de Madrid la modificación de la Ley 20/1998 sobre transporte público urbano.
También piden que los servicios jurídicos de la Comunidad se pronuncien sobre "otras infracciones o vulneraciones legales que la actividad de Uber pueda perpetrar" que sean competencia de otras consejerías y entidades locales, con el fin de atajar las "prácticas ilegales" de esta aplicación y otras semejantes en la región.
Relacionados
- Un Congreso de los Diputados simulado acerca a los universitarios la actividad parlamentaria en SICE 2104
- Expertos aseguran que el uso del móvil u otras herramientas tecnológicas mejora la actividad cognitiva de los mayores
- Aditel presenta un ERE de 89 trabajadores para intentar mantener su actividad
- Economía/Empresas.- Aditel presenta un ERE de 89 trabajadores para intentar mantener su actividad
- Junta y sindicatos pedirán y plantearán a Ence alternativas para seguir con la actividad de la fábrica