La crisis provocada por Gowex ha deteriorado la imagen pública del MAB, un mercado que nació como alternativa de financiación para las pequeñas y medianas empresas, y que tiene en la historia de la compañía con la que se presentó hace ocho años, Zinkia, una estocada que lo dejó malherido, y la puntilla en el fraude orquestado por Jenaro García.
Mientras se regenera un mercado que como concepto es necesario pero que deberá reformularse, elEconomista ha indagado cómo funcionan los mercados alternativos de los epicentros financieros mundiales: La City y Wall Street.
El Mercado de Inversión británico (AIM, en sus siglas en inglés) es precisamente el referente empleado para la constitución del MAB en el ejercicio de 2008. Su sistema de regulación flexible y la omnipresencia de los denominados asesores registrados constituyeron las bases para la sucursal de Bolsas y Mercados Españoles, a imagen y semejanza de cómo la London Stock Exchange (LSE) había promovido el AIM. Como el MAB, el origen del mercado alternativo del parqué londinense aspiraba a dar un espacio de crecimiento para las compañías de menor tamaño, con un armazón de supervisión más pragmático que el que se aplicaba en el ámbito general.
Creado en 1995, cuando se incorporaron una decena de firmas, todas ellas británicas, desde entonces ha dado cobijo a más de 3.000 que han recaudado un capital superior a los 60.000 millones de libras. Los datos más recientes, de junio, cifran en 1.104 empresas el volumen actual, 882 procedentes de Reino Unido y 222 foráneas que acumulan un valor de mercado de 78.336 millones de libras.
Una de las diferencias principales entre el AIM y el MAB es que el modelo británico no exige historial financiero alguno, ni antecedentes en cotización. Para incorporarse al AIM no hay que afrontar requerimientos de capital, ni un mínimo de acciones, ya que su propósito fundamental pasa por ofrecer oportunidades no sólo a las compañías con potencial de crecimiento, sino a los inversores.
Cómo entrar
Generalmente, la única obligación de las empresas pasa por cumplir con las normativas de gobernanza corporativa de su jurisdicción, un criterio que inevitablemente varía de forma significativa según el sector, aunque ahora también deben mantener una página web en aras de la transparencia. Aquellas que deseen incorporarse tan sólo deben abonar una tarifa de admisión basada en su capitalización de mercado el día de su entrada, presentar sus cuentas auditadas anualmente y, sobre todo, dotarse de un asesor registrado con el que deberá contar a lo largo de su travesía por el AIM.
Estos especialistas, conocidos popularmente como nomads por la contracción de su nombre en inglés (nominated adviser), constituyen la piedra angular de este submercado bursátil y el referente fundamental de cualquier empresa íntegrante. Su papel es el de asesor y árbitro de lo que entra y sale del AIM, cuyo principio se basa en la autorregulación. Son ellos los que deben dar la voz de alerta cuando algo va mal y sobre ellos, teóricamente, recae la responsabilidad de cualquier desviación de comportamiento y los daños que pueda acarrear.
Suya es la tarea de explicar a las empresas las reglas y cómo cumplirlas, lo que reduce notablemente los costes regulatorios, a pesar del teórico conflicto de intereses que afrontan en su día a día: los nomads reciben importantes honorarios de las compañías que supervisan y en la práctica, les evitan importantes perjuicios por mala conducta.
De hecho, el AIM nunca ha estado exento de polémica. En sus inicios tuvo que afrontar el escepticismo sobre cómo evolucionaría un mercado hasta entonces fuera de los parqués. Sólo la determinación de la LSE logró sacar adelante un proyecto posteriormente copiado en las principales plazas bursátiles europeas y con sucursales en Italia o Japón. Esta determinación, con todo, necesitó de enmiendas transcurridos los años, puesto que la laxitud regulatoria permitió desmanes que obligaron a la LSE a endurecer la normativa para obligar a los nomads a garantizar que atraen a las compañías adecuadas.
El catalizador para esta reforma fue precisamente un fraude. En 2005, la cotización de Langbar International, en activo desde hacía dos años, fue suspendida después de que la Autoridad de Servicios Financieros, la Oficina de Fraude y la policía de la City descubriesen que la compañía no tenía sus activos declarados cuando salió al mercado. El fallo fue de uno de los nomads y el montante del desastre superó los 375 millones de libras.
No en vano, el AIM ha sido acusado de emplear prácticas propias de casino. Desde Estados Unidos han considerado que el dato de que el 30% de los participantes se vaya transcurrido un año prueba el riesgo añadido, pero la LSE ha contraatacado con estadísticas: menos del 2% de las empresas han sufrido liquidación o pasado a manos de la Administración.
La permeabilidad entre el hermano mayor del Ftse y el AIM juega favorablemente a favor del segundo, que ofrece interesantes ventajas fiscales. Como ejemplo, la evolución en 2005, un año antes de las reformas introducidas por la LSE: mientras 40 compañías se pasaron del mercado principal, tan sólo dos hicieron la transición inversa, del AIM al Ftse.
Las recompensas aparecen inevitablemente de la mano de los riesgos añadidos. De hecho, la base de inversores del AIM está fundamentalmente compuesta por fondos institucionales y perfiles de riqueza, puesto que el propio carácter del mercado hace cualquier operación arriesgada para aquellos con menor experiencia, o capacidad de recursos.
Al otro lado del Atlántico
Más allá de las fronteras europeas, al otro lado del Atlántico, aunque las pequeñas compañías buscan financiación mediante otras vías, este tipo de mercados también tiene cabida. Estados Unidos siempre ha sido la tierra prometida para los emprendedores pero a diferencia de otros países, las start-ups -negocios que comienzan su andadura o están en construcción, se trata de empresas emergentes apoyadas en la tecnología- suelen financiarse y subsistir a través de la ayuda de inversores de la guarda o inyecciones por parte de entidades de capital riesgo.
Dicho esto, con la euforia desatada en los últimos años por las redes sociales y sus consecuentes aplicaciones, véanse Facebook, Twitter o Yelp entre otras compañías, la necesidad de acceder a mercados de capital se ha hecho cada vez más necesaria. Sin embargo, el desembarco en plazas bursátiles por excelencia como la New York Stock Exchance ICE o Nasdaq OMX puede resultar costoso, tanto a nivel regulatorio como para la cartera de las pequeñas empresas.
De ahí el florecimiento de los mercados privados de compra y venta de acciones de compañías privadas. Nombres como Secondmarket, Sharespost o Crowdfunder se han convertido en verdaderas bolsas en la sombra que permiten a muchas entidades abonar el camino para un estreno bursátil oficial en las grandes plazas estadounidenses o bien permanecer bajo el cobijo de plataformas que evitan el escrutinio de los reguladores.
De hecho, los cambios de legislación a nivel federal fomentan en estos momentos que las pequeñas empresas mantengan sus operaciones y cuentas en la sombra, sostenidas por mercados secundarios, donde normalmente las participaciones de los propios empleados de las compañías o el interés del capital de riesgo así como de grandes bancos en busca de inversiones alternativas suelen hinchar las valoraciones de las compañías, un hecho que quedó probado con la salida a bolsa de Facebook en mayo de 2012.
Por aquel entonces, la regulación forzaba a cualquier compañía privada con más de 499 inversores a presentar sus estados financieros ante la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley JOBS el 5 de abril del año 2012. Esta legislación, cuyo objetivo tiene como fin fomentar el florecimiento de las pequeñas y medianas empresas a este lado del Atlántico, introdujo nuevas condiciones a la hora de recaudar capital, eso sí estas no entraron en vigor hasta el 23 de septiembre de 2013.
Bajo estas nuevas circunstancias regulatorias, una start-up no tiene obligación de rendir cuentas presentando oficialmente ante las SEC sus ingresos, beneficios o pérdidas hasta que su número de inversores supere los 2.000 accionistas. Una nueva legislación que animó al Nasdaq OMX a unirse a SharesPost para crear a principios de este ejercicio el primer gran mercado privado en Estados Unidos, el Nasdaq Private Market.
Aún así, el Nasdaq tiene requisitos más estrictos que la mayoría de las plataformas privadas. Las empresas que cotizan en su mercado privado deben haber recaudado al menos 30 millones de dólares en financiación durante los últimos dos años o contar con una valoración que sobrepase los 50 millones de dólares.
Pero eso no es todo, además, estas empresas deben ser rentables, con beneficios netos de al menos 750.000 dólares anuales. "El mercado privado del Nasdaq da a los empresarios más flexibilidad para decidir cómo y cuándo deben cotizar en bolsa", explica Bruce Aust, presidente del Consejo de Nasdaq Private Markets.
Aunque el principal objetivo de participar en esta clase de mercados suele estar en recaudar capital, las plataformas privadas también se han convertido en una plaza donde los empleados pueden vender acciones de sus respectivas empresas. Los inversores acreditados, normalmente individuos que ingresan más de 200.000 dólares anuales y cuentan con un patrimonio superior al millón de dólares, por su parte pueden tener acceso a títulos de compañías que pueden llegar a valorarse en miles de millones de dólares sin cotizar en bolsa.