Buscar un método que sea efectivo para proteger al inversor menos cualificado va camino de convertirse en un imposible. No es que hasta el momento no se hayan tomado medidas: que si la Mifid II, las Ucits V, los Prips... Y un sin fin de siglas más que, para los expertos, lo único en que se traducen es en el traspaso de la responsabilidad al cliente, que al final es el que tiene que firmar un elevado número de documentos como prueba de que entiende aquello que contrata.
Y eso no es sinónimo, en muchos casos, de saber en realidad qué se esconde detrás de un fondo objetivo -no garantizado- vinculado a una estructura de renta variable o cuáles son las implicaciones que suponen tener una participación preferente. Para ayudar en esa labor de hacer entender al inversor los riesgos que tiene asociado cada producto financiero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prepara un código, que podría ser similar a un semáforo, para clasificar sus riesgos. Y no cabe duda de que todo lo que implique fomentar la educación financiera de los inversores es un paso positivo, pero a veces se desvía la atención del papel que asume la otra parte del juego: el asesor.
En la práctica, pedir que todo el mundo sepa en qué se diferencia un bono de alto rendimiento de la deuda senior es una utopía. Para eso se supone que existe la figura del asesor financiero, que después de estudiar el perfil del cliente le recomienda o no una determinada clase de activo. Para tener el criterio de elegir entre distintas inversiones se necesita una alta formación y una trayectoria profesional que lo avale. Para ello, existen distintas certificaciones que permiten a un asesor acreditar unos mínimos, como la de CFA (Chatered Financial Analyst), un título que tienen más de 531 profesionales entre España y Portugal; o la de la Efpa (European Financial Analyst).
Entonces, ¿dónde está el problema? En que muchas veces el cliente no tiene las herramientas suficientes para diferenciar hasta qué punto la persona que le atiende está o no cualificada, si se preocupa por encontrar el producto idóneo a sus necesidades o, sin embargo, intenta colocarle el activo que la red comercial se ha propuesto vender en ese momento. Cuando en realidad, "el cliente tendría que tener la tranquilidad de que el asesor vela por sus intereses", apuntan desde Tressis.
La solución: un carnet público
El cómo conseguirlo es el eterno debate. Desde el consejo editorial de Inversión a Fondo sugieren que una de las fórmulas para lograr disipar las dudas de los inversores que confían su patrimonio a una entidad es la de crear un registro público de asesores, que pudiera consultarse en cualquier momento. En definitiva, "se trata de formalizar lo que ya existe y distinguir aún más lo que se hace ahora", explica Antonio Salido, director de marketing de Fidelity. Lo que significa marcar más la difuminada línea que en ocasiones separa al asesor del vendedor que coloca el producto de moda. Y una posibilidad de materializarlo sería mediante un carnet específico para los asesores, que estuviera homologado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "La idea es que existiera un registro público de asesores, similar al que ya existe en otros países, que estuviera siempre disponible para los clientes", añade.
Para conseguirlo, igual que cuando uno prentende lograr la licencia para conducir un vehículo, sería necesario que el asesor se sometiera a un exámen oficial y que los conocimientos se actualizaran cada cierto tiempo. "Antes, teóricamente, todos los asesores de los bancos tenían Efpa porque los exámenes se hacían casi al por mayor. El problema es que después hay que exigir una actualización de lo aprendido para garantizar que se asesora con criterio", apuntan desde Tressis.
De esta forma, se protegería al cliente menos cualificado sin tener que trasladarle a él, mediante la firma de distintos documentos, la responsabilidad de contratar una determinada clase de activo. "El énfasis hay que ponerlo en quién da el servicio más que en quién lo recibe", señala Enrique Cabanas, director general de Espirito Santo Gestión. La razón la explica Juan Luis Luengo, responsable de fondos de inversión de Citi: "Es complicado evaluar los conocimientos de alguien sobre un determinado producto. Se puede hacer un test, pero siempre se entrará en la espiral de preguntarse si las preguntas elegidas son las correctas".
No todos los clientes son iguales
Además, otro de los errores más comunes en los que se cae con el sistema actual es el de tratar a todos los clientes de la misma manera. "También existen clientes que saben y entienden muy bien lo que quieren. El problema siempre está en defender al no cualificado", sentencian desde Fidelity. Y eso es algo que el carnet del asesor podría lograr.
