Los jueces sólo han dado la razón a los bancos en el 5% de las demandas por preferentes; en el 62% de los casos, la sentencia se ha resuelto a favor del afectado y en el 33% restante el cliente desistió de continuar con el proceso.
Así lo explicó este miércoles Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su intervención en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Rodríguez, que presentó el informe anual de la institución, explicó que hasta la fecha se han planteado 27.306 demandas por preferentes, por 1.634 millones de euros. De ellas, hasta el pasado 25 de abril se habían resuelto algo menos de 7.000, más de 4.300 (un 62%) a favor de los afectados, según Servimedia.
A la otra vía, la del arbitraje -menos costoso que el procedimiento judicial-, han recurrido más de 426.528 minoristas por un importe de 6.700 millones de euros. Y se ha admitido el 71 por ciento de sus solicitudes, de las que 244.724 (el 57 por ciento del total) han recibido un laudo positivo, lo que supone que les corresponde el 38 por ciento del importe.
Rodríguez hizo referencia al caso Bankia, la entidad que más preferentes colocó, señalando que 229.931 afectados han pedido someterse al arbitraje por un importe de 4.038 millones. De todas esas solicitudes se ha admitido el 77 por ciento. "En este momento, el procedimiento de arbitraje está en su fase final", explicó Rodríguez, quien añadió que respecto a los laudos emitidos por la Junta Nacional Arbitral de Consumo "la previsión de la entidad es que se hayan resuelto todos a mediados de junio".
Sobre NCG Banco, la presidenta de la CNMV apuntó que el proceso de arbitraje ha finalizado y sobre Catalunya Caixa explicó que el proceso está "más retrasado". "Se prevé que durante el segundo semestre del año la Agencia Catalana de Consumo emita los laudos correspondientes a aquellas solicitudes que aún están pendientes", puntualizó. El regulador, que está aumentando sus competencias en lo relativo a la supervisión de las entidades, impuso 71 sanciones en 2013, por un importe de 4,15 millones, según recoge en su informe anual.
Rodríguez también habló de la deuda subordinada de Eroski y de Fagor. "La CNMV supervisó cómo se comercializaron en su momento y el problema no estaba en el instrumento en sí mismo, sino en la situación sobrevenida en las empresas que lo emitían. En los folletos de emisión se dejaba muy claro qué riesgos tenían. Lo que hemos intentado es que los inversores vayan con toda la información necesaria a los procesos de canje". Incluir determinados avisos en algunos folletos "nos han costado un debate a veces fuerte con las entidades".
En cuanto a Pescanova, Rodríguez señaló que el regulador ha tenido que abrirle nueve expedientes (ocho en 2013 y otro a inicios de 2014) "como consecuencia de la comunicación de una operación sospechosa"; y otra de ellas por información privilegiada de un miembro del consejo "que liquidó unas acciones justo cuando se pidió la situación de preconcurso".
Por otro lado, la Comisión de Economía aprobó este miércoles el proyecto de ley por el que se regulan las tasas que cobra la CNMV por ofrecer sus servicios, cuyo objetivo es, según Rodríguez, actualizar un régimen de tasas que la institución cobra por los servicios y que data de la década de los 80.
Los arbitrajes acabarán este año
