Para fomentar los planes de pensiones y acabar con comisiones excesivas, el Gobierno apostó a finales del año pasado por reducir la comisión máxima de gestión de estos productos del 2 al 1,5 por ciento. El debate sobre las comisiones y los incentivos, no solo en planes de pensiones sino en general, lleva tiempo encima de la mesa, sobre todo por la falta de transparencia y ante las infracciones en la comercialización cometidas en los últimos años. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el pequeño inversor?
"Los límites de las comisiones pueden tener efectos negativos, pueden llevar a una reducción de la calidad de los productos o incentivar la realización de transacciones con terceros o partes relacionadas que escondan márgenes comerciales de forma no transparente para los inversores", explican Josina Kamerling, directora de políticas regulatorias de CFA Institute para EMEA, y Mirzha de Manuel Armendía, director de políticas de mercados de capitales de CFA Institute para EMEA, ambos responsables de un estudio sobre la restricción de las ventas por incentivos.
Es cierto que con la medida impulsada por el Ministerio de Economía se acerca más a Europa, donde "en algunos países como Holanda o Dinamarca es menor al 0,5 por ciento", señalan los expertos. Pero si algo reclaman en CFA es una "mayor transparencia en los costes y su comparabilidad", para que el pequeño inversor sepa lo que paga por la gestión y el asesoramiento, ya sea con comisiones o con tarifas fijas.
En su estudio, destacan, además, que acabar con los incentivos por comisiones puede traer otros efectos. "En los mercados en los que se han prohibido los incentivos por comisiones, las grandes instituciones financieras están dejando de ofrecer la prestación de servicios de asesoramiento a los clientes más pequeños", indican. Incluso esperan que a raíz de estas restricciones surjan plataformas de servicios de inversión para minoristas de low cost, que podrían acarrear agresivas campañas de publicidad, aumentando el riesgo de "más casos de ventas desleales o abusivas de productos de inversión".
Evitar mala comercialización
Nadie pasa por alto la mala praxis en la comercialización de ciertos productos en España. "La experiencia española reciente ha demostrado la dificultad de supervisar los procesos de venta, por parte del regulador y supervisor", señalan los dos responsables del instituto CFA. Con la nueva normativa, la Mifid II, se intenta paliar algunas de estas deficiencias. Ahora, por ejemplo, "la responsabilidad reside en las propias entidades financieras, que han de autorregular la distribución y sus modalidades para cada inversor según su nivel de capacidad y experiencia. Esto lo hacen ya muchas entidades", indican.
Otro de los aspectos positivos puede ser la introducción del mystery shopping, en la que agentes se hacen pasar por inversores minoristas. Han sido "eficaces en varios países de la UE. La incorporación de esta práctica en España, anunciada por la CNMV, debería dar resultados positivos", opinan.
