Antonio Martínez
La Paz, 12 ago (EFECOM).- A más de cien días de la nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1 de mayo por el presidente de Bolivia, Evo Morales, su gobierno no logra concretar varios aspectos fundamentales de aquella medida.
Superados tres de los seis meses que fijó el decreto para firmar nuevos contratos entre el Estado y las multinacionales que quieran seguir en Bolivia, siguen estancadas las negociaciones con la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobrás y otras empresas.
Además, el gobierno reconoció el viernes, en un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos, que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) carece de los recursos suficientes para ejercer el control pleno de los negocios del sector, y cumplir así con la nacionalización.
YPFB tampoco ha conseguido aún la mitad más una de las acciones de varias petroleras mixtas privatizadas por anteriores gobiernos y re-nacionalizadas en mayo.
Sobre las negociaciones con las multinacionales, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, en varias de sus muy frecuentes declaraciones públicas de los últimos meses, dijo que para ello son fundamentales unas auditorías que encargaría el gobierno, pero que tampoco están terminadas.
Soliz anunció a mediados de mayo que en "tres meses" estarían listas esas revisiones de las cuentas de nueve petroleras, "para tener los otros tres (meses, del plazo de seis) destinados a la negociación de los contratos".
"Las auditorías nos van a demostrar si la perforación de pozos ha costado 35 millones de dólares", agregó Soliz, que pone en duda la contabilidad de las multinacionales.
El ministro explicó entonces que esa cifra es excesiva en comparación con las "perforaciones en el mar del Norte o Noruega, (donde) apenas llegan a 15 ó 20 millones".
Pero el comienzo de las auditorías fue anunciado por Morales y Soliz el 17 de julio y -si se cumplen los plazos que el ministro mencionó- terminarían el 17 de octubre, dejando sólo dos semanas para cerrar los nuevos contratos.
"Es verdad que a nosotros también nos falta algo de mayor agilidad en el tema de hidrocarburos", reconoció el presidente en una reciente entrevista con Efe.
El Ministerio de Hidrocarburos señaló en su comunicado del viernes que "la plena vigencia de la participación" de YPFB en toda la cadena productiva "está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos de la empresa estatal".
"Para superar esta limitación se gestiona ante el Banco Central un desembolso de 180 millones de dólares, con los cuales YPFB operará en toda la cadena productiva", agrega el boletín.
Una de las tareas asignadas a YPFB en el decreto de nacionalización, que aún no puede asumir, es la gestión de todos los ingresos por la comercialización de los hidrocarburos, tanto en el país como por exportaciones.
Esa atribución había sido fijada por dos resoluciones ministeriales dictadas el 28 de julio y dejadas en suspenso por otra emitida apenas cuatro días después, según documentación a la que accedió Efe.
Todos los fondos obtenidos de la venta de hidrocarburos debían ser enviados por las petroleras a una cuenta de YPFB en el Banco Central, para que luego esa empresa distribuyera lo correspondiente a las multinacionales, al tesoro nacional y a los departamentos, municipios y otras entidades que reciben regalías.
Según fuentes de las petroleras, eso implica para ellas un serio riesgo de incumplimiento de pagos, plazos y modificaciones de formas de pago, pues tienen obligaciones con el fisco y con gobiernos regionales que temen no poder cumplir si YPFB retrasa la redistribución.
YPFB, creada en 1936, tiene una larga historia de incidentes de corrupción e ineficacia que Morales ha prometido no repetir.
Pero actualmente está sumida en un escándalo por un contrato que firmó con una empresa intermediaria para exportar petróleo a Brasil, que perjudica a Bolivia y viola el decreto de nacionalización, según la Superintendencia de Hidrocarburos.
El presidente de YPFB, Jorge Alvarado, niega que la irregularidad del contrato, que investigan la Contraloría y la Fiscalía, y el presidente Morales dice que esperará los dictámenes judiciales.
Todo el proceso de nacionalización, salpicado de ataques y acusaciones de Morales y sus colaboradores contra las petroleras, e incluso contra los gobiernos de sus países, ha causado la parálisis de las inversiones en hidrocarburos en Bolivia.
"No hay un diálogo abierto para que se pueda llegar a un acuerdo con las petroleras a fin de que vuelvan a invertir... Sólo hay una actitud de cuestionamiento y confrontación con las empresas, sin esperanzas de un diálogo prometedor", dice hoy en su editorial el diario local "La Razón". EFECOM
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