La reforma fiscal respetará "los derechos" de quienes se deducen por vivienda

Madrid, 9 dic (EFE).- La reforma fiscal que se aprobará el año que viene para su implantación paulatina en ejercicios sucesivos respetará "los derechos adquiridos" por los contribuyentes que disfrutan de una deducción por vivienda, supondrá una bajada del IRPF y elevará la aportación por Sociedades.

En una conferencia en el Foro Cinco Días el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha adelantado algunas de las premisas que podrían a su juicio esperarse del trabajo del grupo de expertos que está elaborando la propuesta para una nueva fiscalidad.

La deducción por vivienda, que se suprimió en enero de este año, es un "derecho adquirido" para los contribuyentes que la disfrutan y "no tendría sentido eliminarla de golpe y porrazo, o de forma brusca y sin alternativa", por lo que la reforma "no va a perjudicar" a las personas que ya lo están disfrutando en su declaración de IRPF.

En cuanto al propio impuesto sobre la renta, aunque la reforma fiscal entrará en vigor de forma sucesiva hasta 2017, sí que se va a cumplir el compromiso de rebajarlo en 2015.

El impuesto de Sociedades es el que deberá empezar a aportar en torno a 2,5 puntos de PIB (unos 25.000 millones), ya que una recaudación como la de 2011 -de 1,6 puntos- está "fuera de rango" de cualquier país desarrollado, ha mantenido Ferre.

Sobre el IVA ha dicho que su futuro "no está escrito" pero que la "apuesta" del Gobierno es más el ensanchamiento de bases -el Ejecutivo espera que la salida de crisis y la recuperación del consumo sea una realidad el próximo año- que tocar los tipos del impuesto.

Así, ha afirmado que uno de los objetivos de la reforma será devolver la renta disponible y acelerar la recuperación de la demanda interna, además de solventar los problemas de eficiencia recaudatoria.

Precisamente en relación a la recaudación, Ferre ha adelantado que los ingresos tributarios brutos del Estado en noviembre crecieron un 0,8 % en términos brutos interanuales y un 3,7 % si se descuentan efectos de calendario, lo que hace prever que se cumplirán los objetivos anuales.

El otro gran asunto en torno al que ha girado la intervención es la polémica en relación a las dimisiones y ceses en la Agencia Tributaria, que han coincido en el tiempo con una disparidad de criterios sobre un recurso de la cementera Cemex y con un supuesto trato de favor a la infanta Cristina en el contexto del "caso Nóos".

Ferre ha insistido en que todos los cambios de personal obedecen a un proceso de renovación corriente en cualquier empresa y no están vinculados a cuestiones ideológicas ni a casos concretos, por lo que ha achacado el actual "revuelo de trazo grueso" a "la interpretación que hacen algunos medios" de unos movimientos "dentro de la normalidad".

Por ello, ha negado alguna "crisis institucional" o "caos interno" en el organismo y ha subrayado que "afortunadamente" nadie es imprescindible, ya que tanto los que se han ido como los que han llegado (entre diez y doce casos de 27.000 profesionales) tienen una "independencia" y "profesionalidad" aseguradas.

Preguntado por las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha asegurado que los recientes cambios en la AEAT le han servido para constatar que estaba llena de socialistas en puestos de responsabilidad, Ferre ha asegurado que la ideología "no cuenta nada" ni con el actual Gobierno ni con el anterior.

En posteriores declaraciones a los medios, Ferre ha hablado sobre el caso concreto de una información de El Mundo, según la cual la Agencia Tributaria ha dado por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizoon, sociedad familiar de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, para librar a la hija del Rey del delito fiscal.

El secretario de Estado ha asegurado que en un primer momento los funcionarios en auxilio judicial tenían la tesis de que "había que levantar el velo de esa sociedad pantalla y que por tanto había que imputar esos gastos a las personas físicas y no a la persona jurídica".

"Posteriormente -ha continuado- el juez, con su criterio y con pleno derecho a hacerlo y pleno respeto por nuestra parte, ha decidido que sí se mantiene la existencia de la persona jurídica y que por tanto es perfectamente posible que esos gastos puedan ser computados como ingresos para esa persona jurídica".