Madrid, 9 ago (EFECOM).- Los afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa continúan sin saber cuál será el futuro de sus ahorros cuando se cumplen tres meses de la intervención judicial que llevó al cierre de ambas sociedades, que suman un agujero patrimonial de entre 4.000 y 5.100 millones de euros.
Desde el 9 de mayo, se han sucedido las manifestaciones de protesta de las cerca de 400.000 víctimas, a las que cada asociación de usuarios ha querido llevar a su redil y que por ahora no saben ni cuándo ni cómo volverán a ver sus inversiones, ni tan siquiera si percibirán el cien por cien o deberán conformarse con parte.
Mientras, los jueces de la Audiencia Nacional encargados del caso han dejado en libertad a ocho de los nueve ejecutivos de Fórum y Afinsa encarcelados durante la intervención judicial y que tras su excarcelación han defendido la legalidad de su actividad y subrayado que la paralización de la misma ha supuesto un grave perjuicio para las arcas de ambas firmas, lo que complicará aún más la devolución de la "fortuna" que gestionaban.
En el terreno de lo Mercantil, los magistrados prosiguen con el desarrollo de los procedimientos concursales que buscan que los afectados puedan cobrar su dinero, lo que se dilatará en el tiempo pues sus decisiones son constantemente recurridas por los abogados de ambas sociedades.
Por su parte, el Gobierno y los partidos políticos poco han hecho por ayudar a los afectados salvo "dejar actuar a la justicia", mientras PP y PSOE se achacan mutuamente la responsabilidad en el asunto, de forma que los primeros dicen que corresponde al actual Ejecutivo y los segundos, al Gobierno de José María Aznar.
En los dos casos, las dos formaciones consideran que era su contrario el que debía cumplir el mandato del Congreso de desarrollar una normativa que regulara y fiscalizara la actividad de las compañías de inversión en bienes tangibles, que siguen actuando sin control.
Habrá que esperar a vuelta de vacaciones para saber si el PP vuelve a solicitar la creación de una comisión de investigación parlamentaria, cuya constitución fue rechazada en julio por el resto de grupos, así como si presenta en el Sedado una moción en la que pedirá al Gobierno que ponga en marcha las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los afectados.
Entre tanto, las asociaciones de usuarios de banca Adicae y Ausbanc reclamarán la responsabilidad patrimonial del Estado para intentar asegurar que las víctimas de la presunta estafa filatélica perciban la mayor cantidad de dinero posible.
Por su parte, el Defensor del Pueblo prosigue la investigación abierta ante la Secretaría de Estado de Economía por "el vacío legal existente" sobre estas sociedades, tras evidenciarse la "inoperatividad del control apriorístico" de los órganos competentes de la Administración.EFECOM
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