Dos ONG alertan de la devastación en las comunidades locales y piden una moratoria o revocación en los nuevos permisos a estas empresas
BANGKOK, 7 (EP/AP)
Las multinacionales madereras que operan en Papúa Nueva Guinea están implicadas en "graves abusos" de Derechos Humanos, corrupción política y "supresión brutal" de derechos de los trabajadores, según revela un informe conjunto hecho público hoy por dos grupos ecologistas, el Centro de Derechos Ambientales y de la Comunidad (CELCOR) y la Fundación de Conservación Australiana (ACF).
Según el documento, las empresas de tala en este país "utilizan a policías corruptos que emplean la violencia y encarcelan a quienes se oponen a sus actividades". Los habitantes locales a menudo son "persuadidos" por el propio Gobierno para 'ceder' sus tierras comunales a la producción de madera a cambio de nuevas carreteras y escuelas que "nunca se materializan".
Asimismo, los empleados en las plantaciones madereras "no reciben sus salarios, trabajan en lugares poco saludables y atestados y sufren dificultades para abandonar su puesto de trabajo".
Las dos ONG denuncian además que a estos empleados se les niega la asistencia médica si se ponen enfermos en el lugar de trabajo y muchos de ellos trabajan sin las condiciones de seguridad mínimas, como cascos o gafas protectoras. "En Papua Nueva Guinea, no existe capacidad política para mantener y defender los Derechos Humanos básicos, que son 'minados' por la industria de tala de madera", insiste el informe.
"Esto significa que esta industria es sinónimo de corrupción política, crimen organizado entre los propios miembros de la Policía y represión brutal de los trabajadores, las mujeres y los que se atreven a hacer preguntas sobre este asunto", continúa el informe.
DEFENSA DE LAS EMPRESAS
La oficina del primer ministro del país, Michael Somare, hasta el momento no ha hecho ningún comentario a este informe, pero sin embargo un portavoz de una de las empresas aludidas en el informe, Malaysian Industries, Rimbunan Hijau, negó estas acusaciones y calificó el documento de "impresionante" por su "elitismo y desinformación", así como "su indiferencia" por las gentes de Papua Nueva Guinea, "los principales beneficiarios de las políticas de estas empresas".
"Nuestras operaciones de tala son legales y trabajamos codo con codo con las comunidades locales", explica este portavoz. "Incluso nuestros salarios están por encima del promedio nacional", dice. "No se da ningún tipo de explotación entre nuestros trabajadores", añadió, "y sugerir que ésta existe es ofensivo para la empresa y todos nuestros empleados".
Este informe es el último publicado por organizaciones ecologistas que pretende alertar de la tala "desenfrenada" en Papua Nueva Guinea, pero el primero en enfocar sus datos hacia cómo afecta la práctica empresarial de estas compañías a las comunidades locales. Informes anteriores ya han documentado el hecho de que la mayor parte de la madera extraída en el país y que es exportada a China, Japón y Corea del Sur es ilegal.
La mayor parte de la madera de Papúa se dirige a China, que necesita grandes cantidades de este producto para suministrar a un mercado interior de crecimiento rápido así como una industria de exportación que convierte la madera en tarimas, suelos y muebles para los mercados europeos y americanos.
El informe de ACF detecta también que la tala industrial a menudo "deja comunidades en ruinas, ríos llenos de contaminación y una gran destrucción en lugares culturalmente sensibles, proporcionando a cambio pocas ventajas económicas a los residentes locales".
"Tal como yo lo veo, los grandes perdedores en este 'negocio' somos los habitantes y los dueños de las tierras", explica Steven Mela, un residente del pueblo de Vailala, donde se lleva produciendo masivamente esta tala indiscriminada durante años.
El documento termina con un llamamiento al Gobierno del país, al que pide que investigue los "persistentes problemas que se producen a gran escala a causa de la tala ilegal", y que se creen comisiones anti-corrupción independientes de Derechos Humanos que velen por que se detengan este tipo de actuaciones.
También piden a las autoridades una moratoria en los nuevos permisos de tala y revocar las licencias de empresas en las que ya se hayan detectado o comprobado abusos de derechos o corrupción.
