BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea podría intervenir en la autorización de la venta de activos de Endesa a otras compañías que eventualmente tuviera que verse obligado a hacer E.ON en el caso de que las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) salieran adelante.
Estas condiciones, de prosperar, obligaría a la eléctrica alemana a vender alrededor del 32% del negocio de Endesa, incluidos cerca de 7.600 megavatios de su capacidad de generación en España.
Fuentes comunitarias explicaron que, en el "hipotético" escenario de que la OPA saliera adelante con las condiciones impuestas por la CNE, en primer lugar correspondería a E.ON elegir las empresas "en las que desivertir" los activos de Endesa que se señalan en las condiciones del regulador español.
Posteriormente, la decisión de E.ON debería pasar por la aprobación de la CNE y, "dependiendo del impacto comunitario" de la operación -Bruselas ya determinó que la OPA tiene dimensión comunitaria--, "también sería sometida a la aprobación de la Comisión", agregaron las fuentes.
Ésta es la "primera ronda" del procedimiento de desinversión que se prevé en los reglamentos comunitarios y que las fuentes explicaron de manera general, sin querer prejuzgar que éste vaya a ser también el caso concreto por lo que respecta a la OPA de E.ON sobre Endesa.
Señalaron, sin embargo, que también existe una "segunda ronda", que se activaría en el caso de que o bien la CNE o la Comisión rechazasen el plan de desinversión decidido por E.ON y que se haría no en base a una decisión de la compañía alemana para vender los activos de Endesa, sino que el asunto se transferiría a un "fideicomiso" (trustee) que impondría un "precio mínimo" de los activos y se encargaría de su venta.
Por otra parte, la Comisión Europea se mantiene a la espera de recibir las "clarificaciones" que ayer demandó al Gobierno español sobre las condiciones impuestas por la CNE para autorizar la OPA y fuentes comunitarias confiaron en que Madrid responda a Bruselas en el plazo "de cuestión de días".
Este es el límite temporal que la Comisión ha hecho público, puesto que las fuentes rehusaron difundir la fecha exacta en la que expira el plazo y que sí se incluye en la carta que se remitió al Gobierno.
A pesar de que el Ejecutivo comunitario confía en tener una respuesta a tiempo, fuentes comunitarias apuntaron que, no obstante, "la Comisión puede continuar con el procedimiento" de estudio del documento de 400 páginas y actuar si lo considera necesario.
