Era cuestión de tiempo. La agencia de calificación Standard & Poor´s considera que la demanda por fraude interpuesta en su contra no es más que una represalia del Gobierno estadounidense tras la rebaja de calificación emprendida por Mc- Graw Hill el 8 agosto de 2011.
En un documento presentado ante el Tribunal del Distrito de EEUU en Santa Ana, California, S&P dijo que la demanda no sólo intenta castigarlo por ejercer su derecho de libre expresión sino que también busca imponer "multas excesivas" en violación de la Octava Enmienda. Para la agencia de calificación, la demanda es "inadmisible, selectiva, punitiva y sin mérito" y la acción judicial liderada por la administración Obama es una "represalia" después de que ejerciera su derecho de libertad de expresión con respecto "a la solvencia" del país.
Tras las intensas negociaciones del techo de deuda de hace dos años, Standard & Poor´s fue la única agencia de rating en atreverse a arrebatar la triple A a EEUU. Posteriormente, la agencia de calificación fue la única en ser demandada por el Departamento de Justicia por engañar con sus notas antes del azote de la crisis financiera de 2008.
Según la demanda, S&P infló algunas de sus calificaciones para ganar más honorarios por parte de los emisores y, además, no rebajó las calificaciones de las obligaciones de deuda garantizadas (CDO), pese a saber que estaban respaldadas por hipotecas basura. La agencia se defendió al afirmar que unos 4.600 millones de las supuestas pérdidas pudieron deberse a que los CDO fueron estructurados, comercializados o vendidos por Bank of America y Citigroup. También justificó que otros 1.000 millones más correspondían a deuda que nunca se publicó en primer lugar, por lo que no pudo contabilizarse a la hora de imponer las notas de rating. La calificadora de McGraw Hill pretende desestimar la demanda con prejuicios, lo que implicaría que no se podría interponer de nuevo.
