El principal partido opositor saluda el revés judicial al Gobierno portugués

Lisboa, 29 ago (EFE).- El Partido Socialista, el principal grupo opositor del país, saludó la anulación judicial a la ley que facilita la salida de funcionarios y comunicó que esperan que el mismo Tribunal Constitucional examine la legalidad sobre el aumento del horario laboral en los trabajadores públicos.

Uno de los miembros de la Secretaría Nacional del partido, Joao Proença, lamentó que el Ejecutivo conservador "haya chocado por quinta vez con la Constitución" -en alusión a sentencias desfavorables a leyes gubernamentales- y consideró la norma era una forma de promover despidos en el funcionariado.

El Constitucional luso consideró ilegal la ley que facilita la salida de funcionarios, conocida como régimen de "movilidad especial", por violar la garantía del empleo y el principio de confianza y fuerza así al Gobierno a buscar otra alternativa de ahorro para reducir el peso del funcionariado, como pide la troika.

Su aplicación pretendía facilitar la desvinculación laboral de funcionarios (especialmente profesores) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados, y a los que se marcaba un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo.

Acabado este periodo -durante el que recibirían un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrían optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral con derecho a la prestación de desempleo.

A pesar de reconocer que esta anulación judicial tendrá "un impacto" en la reducción del gasto público -aún no divulgado oficialmente-, Proença comentó que no son los "cortes ciegos" los que ayudarán al país y abogó por optimizar los recursos actuales sin poner en peligro el funcionamiento de los servicios del Estado.

Actualmente, el número de empleados públicos en el país ronda los 600.000, cerca del 13 % de la población en edad laboral, aunque su peso ha ido cayendo especialmente desde que Portugal firmase en el 2011 un rescate financiero con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que abogan por reducir este cuadro laboral.

El propio PS, el Partido Comunista Portugués, el marxista Bloque de Izquierda y los sindicatos ya han expresado su oposición a los recortes a los funcionarios e instarán para que el Constitucional actúe en la subida de la carga laboral de 35 a 40 horas semanales entre estos trabajadores.

Esta ley ya está promulgada por Cavaco Silva, pero podría quedar paralizada en caso de que el Constitucional decida su fiscalización preventiva.

El pasado abril, este alto tribunal consideró ilegales varias medidas de corte -entre ellas una bajada de salarios a los funcionarios y pensionistas- y forzó al Ejecutivo a buscar medidas adicionales de ahorro por 1.300 millones de euros para cumplir con la troika.

Entre ellas, una rebaja del 10 % en los gastos de los ministerios, el retraso de la edad de jubilación de 65 a 66 años o el propio el aumento de 35 a 40 horas semanales del trabajo de los funcionarios.