Madrid/Santiago, 12 jul (EFE).- El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha arremetido hoy contra los que, "para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo miedo a los astilleros", quienes advierten de que una resolución desfavorable para el naval español supondrá su muerte.
Un día después del esperado encuentro que mantuvo ayer con una delegación española capitaneada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, Almunia ha reiterado que las ayudas consideradas "ilegales" deberían ser devueltas a partir de abril de 2005, una fecha que "no hay posibilidad de negociar" porque "no es una cuestión de negociación" sino de "argumentación jurídica".
En una rueda de prensa que ha ofrecido en San Sebastián, el mandatario europeo ha lamentado que esta propuesta de decisión se haya ido "tergiversando", al tiempo que ha mandado un "mensaje de tranquilidad" a los astilleros, que ven cada vez más cerca su final.
Ante el pesimismo sobre la inminente resolución que pueda adoptar el Colegio de Comisarios el próximo día 17, el sector naval ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que coja "el toro por los cuernos y llame al señor Barroso" para propiciar una solución que no implique que se devuelvan las ayudas, tampoco por parte de los inversores.
En este sentido se ha pronunciado el presidente del comité de empresa del astillero de La Naval de Sestao (Bizkaia), José Pedro González, quien ha subrayado que no se puede echar toda la culpa a los inversores y exigirles que abonen las bonificaciones fiscales recibidas entre 2005 y 2011 porque "como haya que devolver algo es la muerte de todos astilleros".
Una consecuencia que ha sido denunciada también por el ministro de Industria, quien ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si los inversores se ven obligados finalmente a devolver las ayudas fiscales a la construcción naval sería una noticia "muy mala" para la industria naval española y europea, que se enfrenta a un riesgo de deslocalización hacia Asia.
Por parte de los socialistas, la delegación española en el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que dé por buenas las ayudas concedidas por España a la industria naval que Bruselas considera ilegales, y manifestó su apoyo a las regiones afectadas y a los trabajadores de ese sector.
De hecho, la patronal de los astilleros privados Pymar habla de "numerosos casos" en los que los armadores han enviado a sus técnicos de compras a astilleros asiáticos para buscar alternativas a la construcción de barcos que estaban negociando hasta ahora en países europeos, incluida Holanda, que denunció el sistema español de bonificaciones fiscales.
También considera Pymar que Almunia ha cedido a la presión de los armadores extranjeros eximiéndoles de la devolución de las ayudas al sector naval, pero carga contra los financiadores y así "abre la puerta a una larga pugna judicial que los astilleros no podrán soportar".
Para defender los intereses del sector naval gallego, que ayer se sumó a las jornadas de paros que protagonizaron los astilleros españoles privados, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto contactar también con los ministros de Trabajo y Economía para que medien ante los comisarios y les trasladen la argumentación de España.
También solicitará formalmente a Rajoy que se dirija a Durao Barroso para "poner sobre la mesa" los argumentos jurídicos "sólidos" planteados ayer a Almunia, que ha contado con la oposición de todos los partidos políticos en Galicia en defensa del naval.
Precisamente, el Valedor do Pobo gallego, José Julio Fernández Rodríguez, se ha dirigido a la recién nombrada defensora del pueblo europeo, Emilly O'Reilly, para pedirle que interceda ante las instituciones comunitarias en defensa del sector naval gallego, tras presentar una queja de oficio por este asunto.
"Acudimos -explica- ante a su institución como órgano imparcial y supervisor de la actividad de las instituciones y órganos de la Unión Europea, solicitándole el inicio de las actuaciones de investigación para dirimir la posible vulneración de los principios de buena administración por parte de la Comisión Europea en el ejercicio del cumplimiento del derecho comunitario sobre competencia".
En este sentido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado mantener la presión institucional y también por parte del sector naval y de la ciudadanía para Almunia se siga "contradiciendo" en el expediente del anterior régimen de bonificaciones, el tax-lease.
También el Gobierno Vasco ha pedido al Ejecutivo que, independientemente de la decisión que adopte la CE la próxima semana, ponga en marcha un plan específico que permita reactivar económicamente y buscar nuevos para los astilleros.
Desde el Principado de Asturias, su presidente, Javier Fernández, ha advertido de que su gobierno va a "continuar batallando en todos los frentes" para que Almunia rectifique su "dañino planteamiento".