Vigo, 4 jul (EFE).- Las dos manifestaciones de trabajadores del naval de Vigo han concluido, tras confluir en el cruce de las calles Colón y Policarpo Sanz, ante la Agencia Europea de Control de la Pesca, con sede en esta ciudad, contra la que han lanzado botes de pintura y tornillos, y donde también han quemado dos contenedores.
Al concluir la asamblea en la que los portavoces sindicales convocaron una nueva jornada de movilizaciones en Vigo para el jueves 11 de julio, varios operarios arrastraron los contenedores frente a la sede de la agencia y les prendieron fuego, y otros arrojaron botes de pintura, tornillos y piezas de fruta.
La jornada de paro comenzó a las 10.00 horas y los operarios de los astilleros que en estos momentos tienen carga de trabajo, además de los afectados por ERE y también extrabajadores del sector, se incorporaron progresivamente a sendas marchas que partieron desde el barrio de Teis y la avenida de Beiramar.
A la conclusión de la protesta, Ramón Sarmiento, de CCOO, ha advertido de que irán ganando en intensidad conforme se acerque el 17 de julio, fecha señalada para que el Colegio de Comisarios resuelva el expediente al anterior régimen español de bonificaciones fiscales del naval objeto del expediente abierto por Competencia.
Ha subrayado que "los ánimos se están calentando" y que "no contribuye a que nos calmemos todo lo que está pasando": el aplazamiento para la próxima semana de la reunión del comisario Almunia con el Gobierno y las comunidades autónomas, o que éste diga que la decisión está tomada y luego que hay margen para los cambios.
Diego Atanes, de UGT, ha coincidido en que la virulencia de las protestas del sector se incrementará la próxima semana.
"Esto requiere más madera y mas concienciación", ha proclamado Atanes, quien ha apelado a la ciudadanía a que repare en que "todas las actividades del sector servicios rinden gracias a la industria que genera empleo".
El portavoz comarcal del naval de UGT ha enfatizado que "la misión" de la Comisión de la Competencia es "propiciar la lealtad" entre los Estados Miembros y que los sistemas de bonificación del naval, los llamados tax-lease, "nacen de la necesidad de competir con el sudeste asiático".
Ha abundado en que "paralizando unos países y beneficiando a otros", en alusión al expediente al tax-lease español por denuncias de astilleros holandeses, "la UE demuestra que quien decide y que la fuerza están en el norte, pero no nos vamos a resignar. El naval va a dar la lucha en la calle", ha advertido.
Sarmiento (CCOO) ha apostado por recabar el apoyo de todos los sectores económicos de la comarca viguesa para la manifestación del próximo jueves, para "consolidar" la "puerta que entreabrió" Almunia ayer cuando dijo en Bruselas que hay margen para modificar su dictamen si España presenta nuevos argumentos jurídicos.
Preguntado por si esas palabras le infunden esperanza, ha dicho: "Esto no se arregla con declaraciones", aunque ha recordado que Almunia "tiene en su mano" llevar al Colegio de Comisarios del día 17 una resolución que atienda "los argumentos jurídicos y los otros" que está arguyendo el sector en España.
Manolo Simón, de la CIG, ha señalado, por su parte, que es precisamente el comisario de la Competencia quien "defiende" al naval español.
Ha sostenido que Almunia "está de rodillas" pidiendo a los gobiernos centrales y autonómicos que "hagan algo, que les entreguen otros informes, que con los documentos que tiene sobre la mesa hay que devolver 2.800 millones, y lo viene avisando desde hace meses".
Según Simón, desde la apertura del expediente al anterior tax-lease "ni Gobierno ni Xunta hicieron lo que debían", pues no pusieron en marcha un nuevo sistema de bonificaciones "como en Francia quince días, sino dos años después", y entregaron toda la documentación en Bruselas el pasado mes de abril.
Ha recordado que hace mes y medio una delegación de la CIG viajó a Bruselas para interesarse por la tramitación del expediente y que un representante de Competencia les trasladó que se iba a obligar a reintegrar parte de la financiación que fue ilegal por considerarlas ayudas de Estado, pero "nadie nos hizo caso".
"Tuvo que salir Almunia y decir: 2.800 millones, ¡muévanse!", para que las administraciones reaccionasen, ha razonado.
Con todo, ha confiado en que las movilizaciones a nivel político y diplomático, y también en la calle, "den sus frutos".
