Madrid, 28 jul (EFECOM).- El Tribunal Supremo ha decidido que la Audiencia Nacional celebre juicio oral, dentro del caso Torras, por las operaciones a través de la sociedad gibraltareña "Croesus" que consistieron en el presunto desvío de más de unos 60 millones de euros a través de diferentes ventas, préstamos y transferencias.
El Supremo estima así parcialmente un recurso de apelación presentado por la acusación particular del Grupo Torras, encabezada por el abogado Miguel Bajo, a varios de cuyos puntos se sumó la Fiscalía Anticorrupción, en lo que se refiere a la prescripción de algunos delitos cometidos, motivo por el que no se enjuició en 2003 la operación "Croessus" en la Audiencia Nacional.
La sentencia del Tribunal Supremo sobre la operación "Icsa-Inpacsa", sin embargo, confirma los tres años de prisión impuestos por la Audiencia Nacional al financiero Javier de la Rosa, los dos años de cárcel para el ex asesor jurídico Juan José Folchi y el año y ocho meses de condena decidido en 2004 para el ex consejero-delegado de Torras, Jorge Nuñez y Lasso de la Vega.
El Supremo confirma la condena por apropiación indebida contra los tres acusados, único que se le ha atribuido a todos los condenados, puesto que De la Rosa, Folchi y Núñez fueron absueltos de los de falsificación de documentos y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Tras esta decisión del Tribunal Supremo, se ha cerrado sólo parcialmente el caso "Icsa-Impacsa", que investigó el destino final de las plusvalías de 7.782 millones de pesetas -46,77 millones de euros- por la venta de la papelera Icsa.
Sin embargo, la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la "distracción" por los acusados del préstamo por 30 millones de dólares (23,8 millones de euros) concedido a Croesus por Cresthayes, filial de Salomon Brothers, y de los 2.270 millones de pesetas (13,62 millones de euros) consecuencia de la venta del 35 por ciento de Inpacsa.
Pese a que no juzgó en su día estos hechos por considerarlos prescritos, también deberá analizar si, como dice la acusación, se cometieron delitos dentro de la operación "Croesus", un "plan" para enriquecerse ilícitamente mediante dos disposiciones de fondos (27,4 y 1,1 millones de dólares -22,5 millones de euros-) por cuenta del Grupo Torras a una cuenta bancaria en Suiza a nombre de la sociedad Bigley Management, "cuyo beneficiario último" era el empresario Enrique Sarasola.
Además de los tres condenados por "Icsa-Inpacsa", la acusación presentó cargos por la operación "Croesus" contra el contable Plinio Coll, los antiguos responsables del grupo Torras Manuel Guasch y José María Sot, el director de inversiones de KIO, Richard Robinson, el presidente de Smurfit, Michael Smurfit, y el director ejecutivo de KIO, Bruce Amager Dawson.
El Tribunal Supremo tampoco atendió a uno de los motivos de casación propuestos por la acusación particular para evitar que el Grupo Torras quede como responsable civil subsidiaria de la pieza "ICSA-Inpacsa" y tenga que hacer frente a un hipotético pago de más de cien millones de euros, aunque, en principio, esta cantidad han de abonarla los condenados.
Sí que estimó que las compañías ligadas a De la Rosa Quail España y Diagonal Investment no sean responsables civiles subsidiarias, en contra de lo decidido por la Audiencia Nacional, que también condenó a Paul Dawson, el hijo del que fuera presidente de KIO, deberá pagar, como partícipe lucrativo, otros 13 millones de dólares (unos 10,53 millones de euros).
Ambas acusaciones fundamentaron su recurso, parcialmente estimado, en el éxito que tuvo una iniciativa similar del Grupo Torras, como acusación particular, tras la sentencia de la operación Wardbase, la primera de las piezas separadas del caso Torras juzgada, por la que el Supremo enmendó a la Audiencia Nacional y condenó, este año, al ex abogado Juan José Folchi a tres años y cuatro meses de cárcel por apropiación indebida y falsedad.
Por la operación Wardbase, cuya sentencia fue hecha pública en 2004, se enjuició el destino final de las plusvalías de 7.782 millones de pesetas (46,77 millones de euros) obtenidas por la venta, en 1988, de la papelera ICSA por parte del Grupo Torras (propiedad entonces de la kuwaití KIO) a la irlandesa Smurfit.
También este año se juzgaron en la Audiencia Nacional las operaciones "Quail-Acie" y "Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria", por la que De la Rosa fue condenado a 5 años y dos meses de prisión; Folchi, a 3 años y 8 meses; y Prado, a un año de cárcel. EFECOM
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