Madrid, 20 jul (EFECOM).- El jefe de la asesoría jurídica de Afinsa, José Luis Plaza, defendió hoy la "solvencia" y viabilidad de la empresa y esgrimió el inventario de sellos entregado ante el juez por el administrador judicial Javier Grávalos, en el que se les da un valor de 2.128,3 millones de euros.
Plaza, actual abogado defensor de los antiguos administradores de la empresa filatélica, criticó que no se incluyese este inventario en el informe que presentó ante el juez Grávalos el 30 de junio, que cifró en 1.700 millones de euros el déficit patrimonial de la compañía por los 2.185 millones de compromisos que tenían con más de 190.000 clientes.
Por su parte, Grávalos declaró hoy ante el juez que el inventario de bienes presentado el pasado 14 de julio no cambia su informe anterior sobre las cuentas de Afinsa, en el que había un agujero patrimonial superior a los 1.700 millones de euros.
Este informe, entregado al juez Santiago Pedraz a finales de junio, señalaba que los activos de la sociedad ascienden a unos 570 millones de euros, frente a unos pasivos de más de 2.300 millones, en los que estarían los 2.185 millones de euros que consideran "obligaciones" de recompra de sellos.
Según el administrador judicial, posteriormente, el día 14 de julio, él entregó al Juzgado Central de Instrucción número 1 "un soporte informático en cd-rom, que contenía el inventario provisional de sellos en posesión de Afinsa Bienes Tangibles SA"
Pero, advirtió en su declaración de hoy, que esta lista de bienes "se obtuvo del propio sistema informático de la compañía" y "no ha sido objeto de comprobación por parte de la administración judicial".
En rueda de prensa, Plaza destacó que "no existe" una situación de insolvencia, como, en su opinión, demuestra el inventario de sellos, custodiados en las sedes de Afinsa, y cuyo valor, según el documento y en base a las pruebas realizadas por los auditores de las cuentas y activos de la compañía, asciende a 2.128,3 millones de euros.
Además, criticó que la Agencia Tributaria sea "juez y parte" en este caso, ya que se persona en las actuaciones por insolvencia como acreedor, mientras nombra al perito judicial que da lugar a la querella de Anticorrupción (María Teresa Yabar) y realiza el informe patrimonial de Afinsa, a través del inspector Javier Grávalos.
Por su parte, el subdirector de cuentas de la compañía y actual interventor judicial, Rafael Noguero, señaló que Grávalos ha presentado un inventario filatélico, "el más importante del mundo", que es una auditoría sobre la autenticidad de sellos y su correspondencia en los catálogos internacionales y que supone "una prueba irrefutable".
Así, la empresa tendría superávit, y las acusaciones de insolvencia "carecen de fundamento", mientras que "no tienen sentido" ni las actuaciones tomadas, ni el concurso necesario por insolvencia de la sociedad filatélica, intervenida hace más de dos meses por la Audiencia Nacional.
Plaza incidió en que "no hay ninguna estafa" y destacó que hoy presentará ante la Audiencia Nacional el avance del plan de continuidad de la compañía y criticó que se hubiese intervenido una compañía que había cumplido antes de la intervención con sus obligaciones con la administración y con sus clientes.
El plan de viabilidad, según explicó Noguero, tiene como objetivo atender los compromisos adquiridos con clientes, trabajadores y agentes comerciales y entre sus líneas de actuación incluye alianzas con empresas internacionales y medidas para estructurar los pagos a clientes.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por EFE aseguraron que no existe superávit en Afinsa y mantuvieron que existe un déficit superior a los 1.700 millones de euros, tal y como relató el administrador judicial en su escrito de 30 de junio.
Por otra parte, al ser preguntado por la puesta en libertad con fianza de 100.000 euros decretada hoy por la Audiencia Nacional para el consejero de Fórum Filatélico Francisco López-Gilarte, el letrado señaló que las detenciones fueron "injustas" tanto "para unos como para otros".
Además, lamentó que no se hubiesen adoptado "otros caminos" para abordar el "vacío legal" fruto del no desarrollo reglamentario de la disposición adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, circunstancia que si se aborda podría detener la vía concursal, indicó. EFECOM
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