
Santander, 26 oct (EFE).- La directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha destacado hoy que de las 12.000 inspecciones previstas para este año se han realizado ya 7.700, con casi el 40 % de riesgo fiscal, y ha admitido que Hacienda tiene pendiente de cobro 6.000 millones de euros por delito fiscal.
Viana, quien ha clausurado hoy el Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), ha informado en un encuentro con los periodistas de las actuaciones de la Agencia Tributaria en su lucha contra la economía sumergida.
Entre estas actuaciones está el control de alquileres en zonas turísticas y los "peinados" de zonas turísticas con especial incidencia en los locales comerciales en puertos deportivos y las actividades de restauración en playas.
También son objeto de investigación la venta ambulante en mercadillos, la organización de conciertos, las discotecas, los amarres en puertos deportivos o los hoteles de turismo rural.
Hacienda lleva a cabo medidas de gestión que prevén el control de extranjeros para impedir que eludan el pago de impuestos en España.
También obtiene información sobre las fundaciones y sus fines sociales y de interés general declarados por entidades que se benefician del régimen especial de entidades sin ánimo de lucro.
Así, se analizarán cerca de un millar de fundaciones con visitas presenciales que luego pueden derivar en una inspección.
Asimismo, se ha reforzado el control de los incentivos fiscales para pymes y de la aplicación del régimen especial para micropymes.
También se incide en el control del incentivo de módulos para jóvenes agricultores y en las cuentas ahorro-empresa.
En cuanto a las medidas de recaudación, Viana ha destacado las inspecciones para hacer embargos de caja en locales de deudores abiertos al público y el embargo de vehículos históricos de alto valor y de gran cilindrada.
Además, se hacen actuaciones en casos de deudores sin actividad declarada, pero con actividad presunta, y en el control de deudores premiados en juegos de lotería.
También se intensifican las derivaciones de responsabilidad a los administradores, con inspecciones a 12.200 sociedades con un importe en fase de embargo de casi 2.000 millones de euros.
Otra de las medidas supone intensificar las peticiones de colaboración a otros países de la UE para cobrar a 600 contribuyentes deuda de más de 720 millones.
Viana también ha admitido que Hacienda tiene pendiente de cobro en los tribunales 6.000 millones de euros por delito fiscal y al hilo de ello ha defendido el proyecto de reforma del código penal, que actualmente está en trámite parlamentario, y que agilizará el cobro de deudas tributarias.
Sobre este asunto ha hablado en la jornada de hoy el director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, Juan Manuel Herrero de Egaña, quien ha afirmado que en la actualidad se reciben 1.000 denuncias al año en fraudes de delito penal, los que superan los 120.000 euros.
Además, ha destacado que se obtienen entre 4.000 y 6.000 millones en tribunales y ha añadido que el 70 % de las denuncias terminan en sentencia condenatoria, lo que ha calificado de "éxito", frente a los problemas que hay en el cobro.
Durante su intervención ante los inspectores, Viana ha informado del plan de control tributario 2013 que intensificará la lucha contra la economía sumergida, así como el fraude de mayor complejidad.
La directora de la Agencia Tributaria ha subrayado que las actuaciones inspectoras serán "más rápidas y más concretas", incidiendo especialmente en los contribuyentes de mayor riesgo fiscal.
También ha intervenido la jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Tributaria, Caridad Gómez-Mourelo, quien ha reclamado cambios en la regulación sobre los plazos del procedimiento de inspección con normas "más claras y menos ambiciosas" y en la regulación de las sanciones con normas "más disuasorias".
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