Es una de las asignaturas pendientes de la actual economía de mercado y, sin lugar a dudas, su principal factor desestabilizador. Se trata de las crisis bancarias y financieras, cuya frecuencia desde los años 70 se ha incrementado y de las cuales ningún país, ya sea desarrollado o en vías de serlo, está a salvo.
La creciente complejidad de los instrumentos financieros dificulta el control de los riesgos por parte de las instituciones y de los supervisores. Estos últimos muchas veces se ven sobrepasados por los cambios que afectan al sistema financiero y no son capaces de frenar la exposición al riesgo de los bancos y con ello que se originen crisis.
De hecho, la crisis de deuda soberana europea no es más que una metamorfosis de la crisis bancaria que se desató tras la quiebra de Lehman Brothers. De esta forma, analizando las estrategias de salida que se adoptaron en otras crisis, se pueden obtener ideas y lecciones para combatir la actual. Una de las mejor gestionadas fue la de Suecia en 1991, que tiene muchas similitudes con la que padece España en estos momentos y que en su resolución fue clave la creación de un banco malo. Una medida también adoptada en España recientemente por el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Los detonantes
Su origen se produjo en una economía sobrecalentada y con alta inflación, que posteriormente protagonizó una desaceleración abrupta, cuando estalló la burbuja especulativa, en 1989. Ésta se sustentaba en la bolsa y en el mercado inmobiliario y su fin desembocó en una contracción de la economía dos años después, que acarreó varias repercusiones. Entre ellas, un aumento del desempleo, que pasó del 2% en 1989 hasta el 7,5% en 1995 y una caída del precio de las viviendas del 70% en ese mismo lapso. Además, la debilidad de esta economía propició que su divisa, la corona sueca, sufriera un fuerte ataque especulativo, que dio al traste con el régimen de tipo de cambio fijo que tenía entonces y pasara a flotación libre.
Entre 1991 y 1992, se desataron las primeras baterías anticrisis, que no fueron más allá de ayudas individualizadas en las que el banco central dio préstamos a tasas subsidiadas a las tres entidades más afectadas, que fueron Gota Bank, Nordbanken y Forsta Sparbanken. Esta estrategia se complementó con garantías gubernamentales sobre préstamos, compra de acciones e inyecciones de capital preferencial que terminaron con la compra de facto por parte del Estado de los bancos más afectados.
Las medidas fueron insuficientes, ya que la gravedad de la crisis no remitió. Así, en diciembre de 1992, el Parlamento aprobaba iniciativas más drásticas gracias al consenso entre las dos fuerzas mayoritarias. En ellas se autorizó al Gobierno a otorgar garantías directas sobre los préstamos, prestar directamente a los bancos, comprar cartera e inyectar capital tanto a entidades nacionales como extranjeras. Además, concedieron garantías sin límites para que los bancos cumplieran sus obligaciones con los depositantes.
Aparece el 'banco malo'
Por otra parte, en mayo de 1993, se crearon dos instituciones que tuvieron un rol fundamental para superar la crisis y reducir su coste global. Fueron la Autoridad de Apoyo a los Bancos (AAB) y las Compañías de Administración de Activos (CAAs), Securum y Retrieva. La AAB dependía de la Secretaría de Hacienda, operaba con auditores externos y otorgaba asistencia a los bancos, recapitalizándolos, y a los depositantes. Esta institución tenía la facultad para vender y fusionar bancos, pero no para la venta de activos, a menos de que se tratara de toda la cartera en caso de una fusión.
La potestad para vender activos de los bancos de manera individual recayó sobre las CAAs que eran financiadas por el gobierno y su objetivo era comprar la cartera vencida con sus garantías para después revenderla en paquetes. Es decir, actuaban como un banco malo, ya que de facto dividían cada banco en dos entidades, una con los activos sanos y otra con los activos tóxicos.
Los primeros quedaron en el banco original, mientras que los segundos, en su mayoría hipotecas, fueron asumidas por las CAAs. Tanto la AAB y las CAAs operaron bajo el principio de minimizar el coste fiscal para el Estado y de proporcionar un trato equitativo a los bancos. Así, a las CAAs se les transfirió sólo una parte de la cartera vencida de los bancos (todos los créditos que no habían sido pagados a la fecha de su vencimiento). El resto se quedó en manos de las entidades, de manera que quienes recibieron mayor apoyo mantuvieran niveles de activos malos proporcionales a los que recibieran menor ayuda.
Un final casi feliz
Estas dos entidades aceleraron el saneamiento de la banca a tal velocidad que a finales de 1993 ya se vislumbraba el final de la crisis. Pero no sólo eso. Una vez que estas instituciones ayudaron a la banca, recibieron un importante apoyo legal por parte del Gobierno para rescatar parte importante del dinero invertido en la cartera bancaria, recuperando una proporción significativa de esta cuantía gracias a que perdieron pocos casos en las Cortes.
A través de la vía judicial embargaban las viviendas y cuando se inició la recuperación del precio de las viviendas en 1995, los bienes inmuebles y los activos tóxicos, (estos últimos en la bolsa de valores) recuperando así parte del valor original. De esta forma, a finales de 1993 se calcula que el coste de la crisis bancaria para Suecia fue del 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) y de que el rescate de 65.000 millones de coronas el Estado pudo recuperar casi 48.000 millones, el 75% de los recursos destinados.
Así se hizo el saneamiento
Para recibir asistencia de la AAB, los bancos debían proporcionar en su solicitud información muy detallada del valor de todos sus activos. Debían anexar una lista con los activos en problemas, categorizarlos, agruparlos y someterlos a diferentes etapas de valorización de acuerdo con la metodología elaborada por la AAB. Esta institución decidía si se justificaba el apoyo y la Secretaría de Hacienda era quien daba su aprobación final. Para determinar el nivel de asistencia a los bancos, la AAB primero hacía un pronóstico de los flujos efectivos para los próximos 3 o 5 años. Basándose en ese resultado se estimaba la probabilidad de quiebra de esa entidad financiera. La asistencia era proporcional a la probabilidad de quiebra y en caso de que se estimara que el banco no fuera viable para los 3 o 5 años siguientes, éste se fusionaba y en casos extremos se liquidaba.
Cada crédito se valoraba individualmente a partir de la estimación de la probabilidad de no pago de éste en los siguientes 12 meses a su concesión y en función del valor de las garantías de crédito. Para calcular el valor de estas garantías (principalmente bienes inmuebles), la AAB estableció una junta de valuación integrada por expertos en propiedades inmobiliarias independientes. Esta junta se encargó de formular estándares de valoración de mercado que los bancos debieron aplicar. Del 25% de las garantías, la AAB contrató a una segunda evaluación de expertos independientes. Además, la AAB valoró por su cuenta el 5 por ciento de las garantías.
