Madrid, 11 jul (EFECOM).- Los acuerdos y compromisos pactados por el Gobierno, los sindicatos y la patronal desde septiembre de 2004 reforzarán el Estado de Bienestar y elevarán el gasto social en algo más de dos puntos del Producto Interior Bruto (PIB), según calcula UGT en un informe sobre la protección social.
El sindicato recuerda que, el próximo jueves, cuando los líderes de CCOO, UGT y CEOE-CEPYME y el ministro de Trabajo suscriban oficialmente en La Moncloa el acuerdo para la reforma de la Seguridad Social, se cerrará un proceso de diálogo tripartito iniciado en septiembre de 2004.
Durante este tiempo, se han cerrado un conjunto de reformas que supondrán un incremento "importante" del gasto en protección social, "que no debemos minusvalorar".
Sólo a la financiación de la protección a las personas dependientes se destinará el uno por ciento del PIB (cuando el sistema esté en pleno rendimiento).
Además, las subidas adicionales de las pensiones mínimas por encima de la inflación para el periodo 2005-2008 costarán casi 2.000 millones de euros; las mejoras incluidas en la Ley de Igualdad incrementarán el gasto social en unos 400 millones de euros, y el aumento de las pensiones para los prejubilados antes del 1 de enero de 2002 costará cerca de 360 millones.
Frente a este refuerzo del gasto social pactado con el Ejecutivo socialista, UGT recuerda que durante los gobiernos del PP el montante destinado a la protección social bajó casi 2,5 puntos del PIB, lo que elevó el diferencial con la UE desde los 6,5 puntos de 1996 hasta los 8,6 puntos en 2003.
De las mejoras comprometidas con el Gobierno desde 2004, UGT valora especialmente la Ley de Dependencia, que sienta las bases de un sistema nacional de ayuda a las personas dependientes y que tendrá cerca de un millón de beneficiarios y efectos positivos en el empleo y la economía.
Además, UGT recuerda las mejoras derivadas de la Ley de Igualdad como la creación de un permiso de paternidad exclusivo para el padre, o las medidas en favor de la conciliación de la vida laboral y familiar, y valora el reconocimiento de las uniones de hecho a efectos del cobro de pensiones de viudedad, o la aprobación de una nueva lista de enfermedades profesionales.
En el ámbito de las pensiones, valora los aumentos de las pensiones mínimas y considera que se ha conseguido una redistribución del gasto hacia las personas con menores rentas, además de incluir a colectivos que carecían de ayudas.
Todos estos avances, asegura el sindicato, suponen una mejora "cualitativa" de la Seguridad social, resuelven "deficiencias, insuficiencias y discriminaciones" y, por tanto, refuerzan la solidaridad y la protección social y aseguran su viabilidad.
En cuanto al acuerdo de la reforma de la protección social que se firmará el jueves, UGT defiende que "no es continuista" respecto de los anteriores y que globalmente es "positivo, como ningún otro".
Por último, UGT sostiene que la mejora de las prestaciones no atenta contra la viabilidad del sistema y niega que para asegurar el futuro de la protección social haya que moderar el gasto.
A su juicio, renunciar a mejorar las prestaciones sociales sería "una clara invitación a la reducción del esfuerzo colectivo y a la provisión privada de las pensiones".
Además, afirma que plantear un aumento del número de años que se toma para el calcular las pensiones "como única o principal salida al problema del envejecimiento de la población", no es aceptable.
Una medida así, explica, sólo se produciría en los que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, que son quienes realizan un mayor esfuerzo de contribución al sistema, frente a los trabajadores de regímenes especiales con menor presión contributiva (autónomos, agrarios o del Hogar). EFECOM
ecg/prb
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