Bogotá, 6 jul (EFECOM).- La reforma tributaria propuesta por el Gobierno colombiano gravará todos los alimentos, lo que afectará sobre todo a los sectores más pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos a su compra, denunciaron hoy los sindicatos.
El presidente de la Central General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, en declaraciones a la prensa rechazó la reforma tributaria del Gobierno, que preside Alvaro Uribe, que el 7 de agosto entrante asumirá un segundo periodo (2006-2010) tras ganar su reelección en los comicios del pasado 28 de mayo.
Gómez manifestó que no es partidario de la propuesta del Gobierno de eliminar el impuesto a las transacciones bancarias, de un 4 por mil, que genera cerca de mil millones de dólares.
"No queremos que nos den limosnas", sino que se usen estos dineros para generar empleo, que es lo que la gente necesita, dijo.
Este gravamen, que inicialmente fue de un 2 por mil, se creó para atender la reconstrucción de la principal zona cafetalera colombiana, afectada por un terremoto a comienzos de 1999, y su tarifa se duplicó luego para hacer frente a la crisis de la banca colombiana, de la que ya salió, y que es un sector que genera actualmente grandes beneficios, recordó Gómez.
El Gobierno anunció que también presentará una iniciativa de ley para establecer, por una sola vez, un impuesto a los grandes patrimonios de un 1 por ciento, cuando la actual tarifa es de un 0,3 por ciento anual.
Según el Gobierno, la propuesta para el nuevo estatuto tributario es de carácter estructural y pretende ser simple, equitativo, competitivo y estable.
La legislación tributaria colombiana es resultado de sucesivas reformas, tres en el actual Gobierno, dos de ellas por ley y una por decreto.
Del Impuesto al Valor Añadido (IVA), cuyas tarifas pasarán de las nueve actuales nueve a sólo tres, quedarán excluidos únicamente la educación, la salud, los arrendamientos de vivienda y el transporte público de pasajeros por tierra.
La reforma abre la posibilidad de que a los más pobres el Estado les devuelva el IVA a través de un procedimiento que obligaría a muchos beneficiarios a asumir los costos de una cuenta bancaria, y que algunos analistas consideran poco técnica y práctica.
Las tarifas del IVA, según el Ejecutivo, subirían del 16 al 17 por ciento, mientras que las que afectarán a los bienes y servicios hoy exentos, como alimentos y servicios públicos domiciliarios, tendrían un gravamen de un 10 a un 12 por ciento.
Por último, los bienes suntuarios -automotores y joyas, entre otros-, que están entre un 35 y un 38 por ciento, bajarían a un 25 por ciento.
Según Hacienda, los asalariados que ganan menos de siete salarios mínimos mensuales (2.856.000 pesos o unos 1.110 dólares al mes), que son el 90 por ciento de los trabajadores, no pagarán impuesto a la renta.
Se propone eliminar la exención que hay sobre el 25 por ciento de los salarios para quienes ganan más de esa cuantía, así como abolir el descuento por el pago de intereses de créditos hipotecarios.
El Gobierno, que ha asegurado que la reforma no aumentará la tributación total, por lo que el efecto fiscal será nulo, propuso eliminar exenciones que benefician a sectores privados, a cambio de reducir del un 38,5 por ciento actual a un 33 por ciento en 2007 y a un 32 por ciento a partir de 2008 el impuesto a la renta.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que presentó el miércoles el proyecto de reforma al nuevo Congreso, elegido el pasado 12 de marzo y que asume sus funciones el 20 de julio, aseguró hoy que tras su aprobación renunciará al cargo. EFECOM
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