El Gobierno endurece las penas para quienes defrauden

MADRID (Reuters) - El Consejo de Ministros aprobó el viernes una modificación del Código Penal que endurecerá las condenas contra quienes cometan los delitos más graves de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.

El Gobierno anunció que se elevará de cinco a diez años el plazo de prescripción de los delitos fiscales y se establecerá prisión de dos a seis años para quienes defrauden más de 600.000 euros o cometan fraude dentro de una organización criminal, frente a las penas actuales de uno a cinco años.

El anteproyecto de ley será enviado al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial y con él el Gobierno espera evitar los fraudes más sofisticados, a menudo relacionados con actividades delictivas organizadas.

"Se trata de una profunda reforma del Código Penal en tres ámbitos económicos muy importantes: la lucha contra la mala gestión pública de los recursos económicos, que ha llevado en ocasiones a profundos agujeros en las administraciones (...); en segundo lugar, medidas importantes (...) contra el fraude fiscal y en tercer lugar de lucha contra el fraude laboral", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.

Para los casos de gestores públicos que falseen, oculten o manipulen cuentas públicas, se incluirá una inhabilitación de hasta 10 años.

El anteproyecto permitirá adoptar medidas cautelares para evitar que los defraudadores se declaren insolventes o traten de eludir su responsabilidad con Hacienda.

Dentro del plan, se rebaja también el umbral de lo que se considera delito en lo referente al fraude a la Seguridad Social, bajándolo de 120.000 euros a 50.000.

La medida aprobada hoy llega después de que el mes pasado se aprobara un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.