El Gobierno ha cedido a las presiones del BCE y del FMI para acelerar cuanto antes la reforma financiera ante la incertidumbre de los mercados sobre la salud del sector español. El Ministerio de Economía se ha comprometido a impulsar el proceso y crear el 'banco malo' en las próximas semanas. Ambos organismos le han exigido que ponga en marcha todas las medidas antes de junio.
En este contexto y tras la advertencia de ayer del presidente del BCE, Mario Draghi, el ministro Luis de Guindos avanzó que el Ejecutivo aprobará la regulación "en los próximos días y semanas". El FMI también reiteró sus advertencias sobre el sector. La normativa, según fuentes conocedoras del programa, sostienen que podría aprobarse en el Consejo de Ministros del 11 o del 18 de mayo, antes incluso de que se perfilen todas las fusiones de entidades.
Guindos, en un acto en Barcelona organizado por La Vanguardia y la AED, indicó que el objetivo se acojan a este instrumento los bancos de manera voluntaria. De esta manera, acoge las peticiones de los grandes grupos, que han avanzado que no necesitan constituir bancos malos para segregar sus activos inmobiliarios.
La regulación todavía está pendiente de que Economía llegue a un acuerdo con Hacienda, tal y como publicó este periódico el martes. Ambos departamentos tienen distintas posiciones al respecto. Estas disputas estaban retrasando el proyecto.
Una vez hechas las dotaciones
A priori, según avanzó Guindos, las entidades podrán traspasar los activos inmobiliarios a estas sociedades una vez hayan realizado en su totalidad las provisiones que exige la reforma de principios de año, por la que fija descuentos en la cartera de suelo del 80 por ciento, de viviendas en construcción del 45 por ciento y de pisos terminados del 35 por ciento. El sector tiene hasta finales de 2012 para llevar cabo el esfuerzo de las dotaciones. Así el traspaso de activos, en principio, se puede hacer a estos precios que, a juicio de Guindos, son razonables.
El 'banco malo', para que las entidades puedan desconsolidar estos activos y puedan liberar provisiones, tendrá que estar participado en un 51 por ciento por el Estado, a través del Frob. Los bancos sólo tendrán un 49 por ciento. Al igual que en el modelo alemán estos instrumentos podrían contar con avales públicos.
El objetivo del Gobierno es que en estas sociedades puedan entrar inversores privados, pero el sector cree que a corto plazo será prácticamente imposible. Las pérdidas que se puedan generar con las ventas de pisos en caso de que lleven rebajas adicionales, por tanto, serán compartidas a lo largo de los años.
Como contrapartida, el Ejecutivo podría obligar a las entidades que se acojan a este sistema que concedan créditos a empresas y familias para contribuir a la recuperación de la economía. Con estos vehículos las entidades están liberadas de una carga de dotaciones importante. En un primer momento, eso sí, podrían dar pérdidas puntuales en su cuenta de resultados para materializar todas las provisiones exigidas y poder constituir sus 'bancos malos'.
