Madrid, 27 abr (EFE).- Los activistas que el pasado miércoles pulsaron el freno de emergencia en trece convoyes del metro madrileño han negado hoy que pusieran en riesgo la seguridad de los viajeros y han denunciado la campaña de criminalización que advierten en su contra.
A través de una nota, el colectivo que se hace llamar "Paremos el tarifazo" rechaza ser un "grupo organizado y violento" y que puedan ser calificados de "vándalos" o "saboteadores", que son términos que ha empleado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para referirse a ellos.
"Somos personas libres y responsables, decididas a no aceptar que se nos siga exprimiendo y robando", en alusión a que su acción se justifica como protesta por la reciente subida de precios en el transporte público madrileño decidida por el Consorcio y que entra el vigor el día 1 de mayo.
En esta línea, añaden que la campaña "para tratar de criminalizar esta protesta ha superado todos los límites de la manipulación y el engaño, con informaciones falsas".
"Es absurdo oír a la presidenta de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre) decir que se ha puesto en riesgo la vida de 8.000 personas al referirse a una acción que se llevó a cabo con los trenes parados en los andenes y con las puertas abiertas, y que no supuso el más mínimo peligro para nadie"
Aseguran que esa acción "sólo está tipificada como incumplimiento leve del reglamento de Metro", frente a quienes,, como el consejero de Transportes, Pablo Cavero, habló ayer de que podían ser castigadas por una pena de entre seis meses y tres años de prisión.
"Paremos el tarifazo" recuerda que su acción "sólo provocó unos minutos de retraso en varias líneas de Metro" -, sin otro incidente y subraya que hacer sonar la alarma de un vagón con el tren parado "no pone en peligro la vida de los ciudadanos".
El grupo pide disculpas a quienes llegaron a su destino unos minutos más tarde y critica al Gobierno por "destruir los pocos derechos que teníamos, arrebatando la educación, vendiendo el sistema de salud, asfixiando con impuestos sobre la enfermedad, fomentando el despido libre y expulsándonos de nuestras casas para que se las quede el banco".
El 1 de mayo entran en vigor las nuevas tarifas del transporte público que, entre otros puntos, suponen una subida media del siete por ciento de los abonos mensuales, y del veintinueve por ciento en el billete de diez viajes.
