Madrid/Lisboa, 22 mar (EFE).- Las empresas participantes en el consorcio Elos, que debía construir uno de los tramos del AVE Madrid-Lisboa, concretamente el que uniría la frontera con Badajoz y la capital lusa, sopesan pedir indemnizaciones al Gobierno de Portugal por el abandono del proyecto.
Fuentes empresariales confirmaron a Efe que estudian recurrir la decisión del Ministerio de Economía luso de abandonar definitivamente la construcción del ferrocarril, que se encuentra paralizado desde que el actual Ejecutivo conservador llegó al poder en junio de 2011, al considerarla un dispendio en tiempos de crisis.
El consorcio, en el que toma parte ACS y una participada de Abertis, aún no ha recibido la comunicación oficial del Gobierno luso de abandonar el proyecto. En tal caso, aseguró a Efe que estudiará solicitar indemnizaciones.
La ministra española de Fomento, Ana Pastor, se mostró hoy prudente y señaló que esperará a conocer la reacción del Gobierno luso antes de valorar el efecto que tendrá en los tramos extremeños.
Por su parte, el consejero extremeño de Fomento, Víctor del Moral, aseguró que el Gobierno regional seguirá "trabajando en las obras previstas", y que en los Presupuestos Generales del Estado de este año se verán reflejadas las partidas para el tramo Madrid-Badajoz.
El Gobierno de José Sócrates adjudicó en 2010 la construcción, financiación, gestión y concesión durante 40 años de este tramo entre las localidades de Poceirao -cerca de Lisboa- y Caia -junto a la frontera con Badajoz- al consorcio Elos.
Este grupo estaba formado por las empresas lusas Soares de Acosta, Brisa (participada por la española Abertis), la concesionaria Iridium y la constructora Dragados (filiales de ACS), la estadounidense Babcock Brown y las entidades financieras Banco Comercial Portugués (participado por el Sabadell) y Caixa Geral de Depósitos.
La obra, cuyo presupuesto ascendía a 1.359 millones de euros, estaría financiada en un 31 % por fondos públicos, en los que hay aportaciones de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La decisión del Ministerio de Economía ha estado basada en el dictamen emitido ayer por el Tribunal de Cuentas portugués, que denegó el visto bueno al contrato debido a irregularidades por "falta de información", dentro del marco presupuestario del proyecto que conllevó a "una violación directa de las normas financieras".
No obstante y con el objetivo de no perder los fondos europeos asignados, el Gobierno luso lleva tiempo estudiando reconvertir el proyecto en una línea de "alta prestación", que dé prioridad al transporte de mercancías y no de viajeros.
Las líneas de "alta prestación" hacen posible que los trenes puedan ir a una velocidad de entre 200 y 250 kilómetros por hora, en vez de los 300 del AVE.
