CORDOBA, 12 (EUROPA PRESS)
El presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, anunció hoy que la entidad que preside ha presentado en un Juzgado de Instrucción cordobés dos querellas por la presunta comisión de sendos delitos societarios supuestamente cometidos por el que fuera director general de CajaSur, Francisco Jurado, y contra el industrial cordobés Rafael Gómez.
Gómez Sierra explicó en declaraciones a la prensa que la supuesta comisión de dichos delitos societarios, "de administración desleal cometidos por Francisco Jurado Núñez durante su etapa como director general de CajaSur y por Rafael Gómez Sánchez durante su gestión al frente de la sociedad mercantil Arenal Sur 21, S.A." se refiere a "unas actuaciones realizadas en 2004", relativas a la supuesta modificación del grado de edificabilidad en Manilva (Málaga) de unos terrenos de Arenal Sur 21, empresa participada entonces por CajaSur y Rafael Gómez, que es uno de los imputados en la Operación Malaya.
Dichas actuaciones, que podrían haber supuesto un perjuicio económico para Arenal Sur 21 de 1 millón de euros y que son objeto de la demanda de CajaSur, "se corresponden con operaciones de crédito y transacciones comerciales realizadas en ejercicios anteriores, que en su día fueron informadas al Banco de España a través del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) e investigadas por la auditoría, que en la actualidad se encuentran adecuadamente dotadas y provisionadas, bajo la supervisión de la autoridad monetaria y cuya cuantía no compromete en modo alguno la solvencia y fortaleza patrimonial de la entidad".
Así se refleja en un comunicado de CajaSur, cuyo presidente aclaró que, "al aflorar esas operaciones irregulares, CajaSur, dado que administra bienes ajenos, tiene la obligación de transparencia y de defensa de sus propios intereses, y por eso se han puesto las querellas, que son consecuencia de una situación ocurrida en una etapa anterior", cuando Miguel Castillejo estaba al frente de la caja cordobesa.
Así, desde CajaSur se insistió en que la interposición de ambas querellas, que en el caso de Jurado tiene relación con el supuesto cobro por éste de comisiones por unos 180.000 euros por autorizar créditos sin las convenientes garantías, "responde a la ineludible responsabilidad social de CajaSur, en defensa de sus intereses corporativos y reputacionales, en línea con la inequívoca voluntad de transparencia emanada del consejo de administración de la entidad, en el ejercicio de su deber de diligencia y con el fin de preservar el buen nombre de la institución, de perseguir cualquier conducta que pudiera resultar lesiva y exigir las reparaciones a que hubiere lugar".
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