Bolsa, mercados y cotizaciones

La información privilegiada salpica a eeuu

Las inversiones en renta variable de algunos legisladores ponen en evidencia la integridad del sistema político norteamericano.

En un momento en que el nivel de aprobación del Congreso entre los ciudadanos de EEUU registra mínimos históricos, el programa de televisión de la CBS, 60 minutes, destapó a mediados del mes de noviembre las polémicas prácticas de inversión de muchos de los inquilinos del Capitolio. Mientras la Comisión de Mercados y Valores del país (SEC, por sus siglas en inglés) y el FBI centran sus esfuerzos en cazar a aquellos que echan mano de la información privilegiada para enriquecerse, las inversiones en renta variable de algunos legisladores han puesto en evidencia la integridad del sistema político norteamericano.

No debemos olvidar un hecho básico para entender este conflicto. Los propios congresistas y senadores conocen de antemano si una regulación pasará o no el visto bueno de la Cámara Baja, algo que puede influenciar sus decisiones a la hora de invertir en determinadas compañías o industrias. Según Peter Schweizer, miembro de la Hoover Institution, un think tank conservador de la Universidad de Stanford, "hay todo tipo de operaciones en las que los congresistas participan y que les permitan llegar enriquecerse. No es ilegal, pero es muy poco ético y muy ofensivo para los contribuyentes", explicó al programa 60 minutes.

Schweizer matizó durante una entrevista que, en lo que respecta a las leyes sobre el uso de información privilegiada, los miembros del Congreso están exentos de cualquier tipo de represalia legal.

Este experto pone como ejemplo el hecho de que si un legislador es miembro de un comité de salud del Congreso y sabe que el Medicare está considerando no financiar o respaldar un medicamento determinado, esa información hará mella en la cotización de la farmacéutica o el laboratorio que fabrique el medicamento en cuestión y, por lo tanto, es privilegiada. Sin embargo, muchos congresistas y senadores operan en renta variable sobre dicho conocimiento y obtienen un gran beneficio de dichas operaciones.

En Estados Unidos, la compra y venta de acciones con el acceso a información puede ser un delito penal, como demuesta el caso de Raj Rajaratnam, fundador de Galleon Group, que fue condenado recientemente a 11 años de cárcel por varios cargos de insider trading.

De todas formas, existe un doble estándar. Los legisladores del Congreso no tienen responsabilidades con las empresas y, por ello, están exentos de las leyes de información privilegiada, a pesar de que tienen acceso diario a información no pública y un montón de oportunidades para operar sobre dicha información.

Ahora bien, el vacío legal en este asunto ha sido el principal problema a la hora de tomar acciones. Para la profesora de Derecho en la Universidad de Indiana, Donna Nagy, el Congreso no podría haberse "inmunizado" contra el abuso de información privilegiada en sus propias leyes porque "el Capitolio nunca aprobó una ley federal de valores que explícitamente prohíba a nadie del uso de información privilegiada para beneficio propio".

En este sentido, EEUU contrasta, y mucho, con otra serie de países que prohíben explícitamente a ciertas personas en el Gobierno o en el Parlamento operar en bolsa debido a la información material no pública que manejan. A este lado del Atlántico, la ley es más vaga, porque, pese a los insistentes intentos por imponer una prohibición clara, el Congreso nunca estableció por ley que el abuso de información privilegiada en la renta variable sea un delito.

De hecho, los legisladores optaron por incluir el conocido como insider trading como una violación de la Regla 10b-5, una cláusula general en la Lucha contra el fraude que la SEC promulgó en el Securities Exchange Act de 1934.

¿Qué significa esto?, básicamente que aquel individuo que cometa algún tipo de fraude o violación en la compra-venta de acciones podrá ser enjuiciado por la SEC como una infracción civil o procesados por el Departamento de Justicia (DOJ) como un delito criminal. El problema es que a la hora de ser aplicada a los miembros del Capitolio, esta regla no cuenta con un poder que sea aplicable directamente a los legisladores.

La investigación en este terreno legal ha sido de lo más extenso. El profesor de Derecho de la Universidad de Boston, Tamar Frankel, indica en uno de sus estudios que el Principio de disciplina y el Poder Ejecutivo que pesa sobre los miembros del Congreso requiere que éstos presten sus servicios de forma honesta. De hecho, tanto los ciudadanos como el Ggobierno federal confían en la lealtad de sus legisladores. Es por eso, que Frankel apunta que si los funcionarios del Congreso operan con información obtenida a través de información privada en el Capitolio esto supondría "una clara violación de la Regla 10b-5".

Casos concretos

Como prueba de los hechos se podrían mencionar varios casos concretos de legisladores que podrían haber echado mano de estas tácticas, como el republicano Spencer Bachus, miembro del Comité de Servicios Financieros, quien durante la crisis subprime acudió a reuniones de alto rango con el secretario del Tesoro o el presidente de la Reserva Federal para estudiar el posible colapso del sector financiero. Bien, parece que Bachus, que públicamente trataba de mantener la economía a flote, en privado realizó inversiones en fondos que apreciarían su valor si la economía no remontaba, algo que le embolsó una gran cantidad de dinero.

Otro ejemplo lo encontramos en la reforma del sistema sanitario. En 2009, los miembros del Congreso echaron mano de su conocimiento para operar en acciones relacionadas tanto con aseguradoras como con otras áreas de la industria sanitaria. Entre ellos estaba el líder de la minoría republicana John Boehner y actual speaker de la Cámara de Representantes, quien encabezó la oposición contra la llamada opción pública, es decir, un seguro médico financiado por el Gobierno que compita con empresas privadas. Días antes de que esta medida fuera retirada del plan, Boehner compró acciones de varias aseguradoras, consciente de que su precio subiría tras eliminarse dicha provisión.

Un caso sonado salpica a la ex- presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Al parecer, la demócrata y su marido podrían haberse beneficiado de hasta ocho salidas públicas a bolsa. Entre estas OPV, la más importante fue la de la compañía de tarjetas de crédito Visa en 2008. Por aquel entonces, una propuesta de ley que afectaba a las compañías de tarjetas de crédito, comenzó a debatirse en la trastienda de la Cámara Representantes. Aún así, Pelosi compró 5.000 acciones de Visa a un precio inicial de 44 dólares, su precio de estreno en bolsa. Sorprendentemente, dos días después las acciones de Visa se cambiaban a 64 dólares y dicha legislación sobre las tarjetas de crédito nunca llegó al pleno de la Cámara.

Y? ¿ahora qué?

Desde que el escándado saliera a la luz pública en el prime time televisivo de EEUU, los legisladores se han puesto manos a la obra para autoregular sus operaciones en bolsa. El pasado miércoles, un comité del Senado, aprobó una medida con siete votos a favor y dos en contra, en la que se prohibirá a los miembros del Congreso, los empleados del Congreso y sus familiares el uso de la información no pública para hacer operaciones en bolsa. Esta medida se ha trasladado ya de forma inmediata al Senado para su aprobación en pleno.

La senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, y su homólogo republicano por Massachussets, Scott Brown, explicaron en un comunicado que "los miembros del Congreso no pueden tener un conjunto de reglas diferentes al resto de los ciudadanos y deben ser tratados igual". "Esta no es una idea demócrata o republicana, es una idea de sentido común que ha tomado impulso con el apoyo bipartidista", añadieron.

Dicho esto, hay quien opina que el uso de información privilegiada es deshonesto, pero no debería tratarse como un fraude. "Cabe preguntar hasta qué punto los secretos de empresa son compatibles con el estándar de honestidad que maneja el ser humano", asegura Alexander R. Cohen, miembro del Centro de Derechos Empresariales de la Atlas Society, en Washington. "El concepto de lealtad en las regulaciones sobre el uso de información privilegiada parte de una visión que obliga a los empleados de una entidad a oprimir su propio interés mientras que trabaja", explica a este periódico. Sin embargo, "cuando un empleado hace uso de información privilegiada de su empresa no está causando daño alguno explícitamente a la entidad para la que trabaja", añade.

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