Defensor del Pueblo investiga seguros de desempleo y vida ligados a hipotecas

Madrid, 26 oct (EFE).- La Oficina del Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio por la negativa de algunas aseguradoras a abonar a sus clientes, una vez que se quedan en paro, las prestaciones por este motivo que en su momento les obligaron a suscribir para acceder a una hipoteca.

En una nota, el organismo explica que la investigación se ha abierto ante el Banco de España y la Dirección General de Seguros, a los que se ha instado a informar si tienen conocimiento de esta situación y, en su caso, del número de reclamaciones recibidas.

Según el comunicado, las quejas que ha recibido la oficina del Defensor del Pueblo señalan que tras haber perdido el empleo algunos ciudadanos han reclamado a sus aseguradoras la prestación correspondiente, que éstas no han abonado alegando que los usuarios carecen de contrato laboral indefinido.

Entre las quejas recibidas por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, figuran algunas de funcionarios y militares, a los que se ha obligado a suscribir un seguro de vida y de desempleo vinculado al préstamo hipotecario, a sabiendas de que ambos profesionales "no es probable" que pierdan su puesto de trabajo.

La nota añade que, dado el riesgo implícito a la función de los militares, se les excluye la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida.

Los usuarios que se han dirigido a la oficina del Defensor del Pueblo, continúa la nota, han tratado de anular las pólizas y cobrar las primas abonadas, una solicitud que "esta siendo rechazada" por las aseguradoras.

Las aseguradoras no pueden alegar que desconocen la situación laboral de sus asegurados, prosigue la nota, ya que entre los requisitos para la concesión de un préstamo figura "el contrato de trabajo o similar".

Además, la oficina del Defensor del Pueblo explica que algunas aseguradoras pertenecen al mismo grupo financiero que concedió el préstamo hipotecario, por lo que puede haber conflicto de intereses.

El organismo espera conocer las medidas tomadas por la Administración para "evitar que estas prácticas se sigan produciendo" y pretende averiguar si las aseguradoras que no dependen de entidades financieras también la practican.