Pide eliminar los obstáculos al comercio intracomunitario de productos de defensa
BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea presentó hoy un proyecto de directiva cuyo objetivo es obligar a los Estados miembros a permitir más competencia en los contratos públicos de armamento, que representan 80.000 millones de euros al año. Bruselas considera que, en la actualidad, los países comunitarios excluyen de forma indebida de la obligación de licitación pública a la mayoría de los contratos de defensa, ya que sólo el 10% salen a concurso.
El Ejecutivo comunitario propuso además otra norma complementaria para facilitar la transferencia de productos de defensa dentro de la UE reduciendo la burocracia y los obstáculos al comercio intracomunitario. La Comisión considera que estas dos iniciativas legislativas "contribuirán a crear un auténtico mercado europeo en este sector sin sacrificar el control de los Estados miembros sobre sus intereses esenciales en materia de seguridad y defensa".
"Los ciudadanos europeos tienen que convencerse de que es necesario gastar más dinero en defensa, pero gastar mejor y de manera más eficaz obteniendo las prestaciones máximas", dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Industria, Günter Verheugen. Destacó que la UE gasta en armamento menos de la mitad que Estados Unidos (en 2007, 180.000 millones de euros frente a 480.000 millones) y dedica a la investigación en este sector una sexta parte que los norteamericanos.
Hasta ahora, los Estados miembros excluyen la mayoría de los contratos de defensa de los procedimientos de licitación que exige la normativa comunitaria alegando que están en juego sus "intereses esenciales de seguridad". Estas prácticas, según Bruselas, contradicen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y ponen en riesgo la apertura de los mercados de defensa entre los países de la UE.
Una de las razones que explican este problema, admite el Ejecutivo comunitario, es que las actuales reglas comunitarias de licitación pública, que se aplican también a los contratos de defensa, no son suficientemente flexibles para este sector. Por ello, Bruselas propone una legislación específica que se aplicará a los contraltos de armas, municiones y material de guerra, y a trabajos y servicios relacionados.
De acuerdo con esta nueva directiva, las autoridades que adjudiquen el contrato pueden recurrir al procedimiento negociado con publicación previa como procedimiento estándar, lo que les dará más flexibilidad para negociar todos los detalles. También pueden exigir a los candidatos cláusulas específicas sobre seguridad de la información (para garantizar la confidencialidad de los datos sensibles) y sobre seguridad de suministro (para asegurarse de que no habrá retrasos).
Los Estados miembros seguirán pudiendo excluir de este procedimiento los contratos más sensibles. "En la mayoría de los casos, sin embargo, los Estados miembros podrán usar la nueva directiva sin ningún riesgo para su seguridad", señaló el Ejecutivo comunitario.
Por lo que se refiere a las transferencias de productos de defensa entre los Estados miembros, el vicepresidente Verheugen subrayó que los diferentes procedimientos burocráticos vigentes en cada país hacen que sea igual de complicado "exportar neumáticos para un vehículo militar a otro Estado miembro que vender un cañón a un país tercero". El coste de estas cargas administrativas se ha estimado en 400 millones de euros.
La Comisión propone en este caso sustituir las autorizaciones individuales vigentes actualmente para la mayoría de los casos por licencias generales para las transferencias intracomunitarias donde los riesgos de reexportación no deseada a países terceros están controlados. Los Estados miembros serán libres para determinar a qué productos se puede aplicar este procedimiento simplificado de exportación.
