Madrid, 3 dic (EFECOM).- El portavoz del grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) en el Congreso, Joan Herrera, lamentó el archivo por el Tribunal Supremo del "caso de las cesiones de crédito" del Banco Santander y comentó que la sentencia implica que el Estado abandone la defensa de los intereses públicos.
En un comunicado de prensa, Herrera ha mostrado su preocupación porque en la sentencia se trata de delimitar el papel de las acusaciones populares, que era ejercida por ICV.
El Supremo ha dado la razón a la Audiencia Nacional, que sobreseyó el "caso de las cesiones" porque en los procedimientos abreviados, que se siguen cuando los delitos están penados con menos de nueve años de prisión, "no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular".
En su opinión, "esta sentencia contrasta con la resolución de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que sí que ha legitimado la acusación popular en el caso de Ibarretxe y Patxi López: es preocupante el diferente rasero".
El pasado 30 de octubre un juez del TSJPV abrió juicio oral a Ibarretxe, a los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y cinco dirigentes de la ilegalizada Batasuna por las reuniones que mantuvieron durante el alto el fuego de ETA.
En este caso, se inició el juicio a pesar de la oposición de la Fiscalía, porque la acusación popular, ejercida por el Foro Ermua y por la asociación Dignidad y Justicia, instaron la apertura de juicio oral.
Herrera añadió que "lamentamos que con esta sentencia se ponga de manifiesto que el Estado, antes con el PP y ahora con el PSOE, se haya inhibido a la hora de defender -sus- intereses".
Además, recordó "el triste papel del ministro Solbes ante una interpelación de nuestro grupo y que supuso que el Estado renunciaba de hecho a defender el erario público por encima de cualquier otro interés al no quererse personar en este caso".
En el "caso de las cesiones de crédito estaban acusados el presidente del Banco Santanader, Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco, Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, y 21 clientes por un presunto delito fiscal. EFECOM
jg/jla
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