Reciben pensiones más bajas, no acceden a la jubilación anticipada y tienen menos prestaciones por enfermedad y maternidad
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Miles de agricultores, unos 10.000 según CC.OO. y UGT, y 3.000 según la Policía Nacional, se manifestaron hoy en Madrid para exigir al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que cumpla los acuerdos alcanzados con los agentes sociales para integrar a este colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social y poner fin al "bloqueo" que ejerce la patronal agraria Asaja, asociada a la CEOE, para la mejora de sus prestaciones.
Con esta manifestación, los sindicatos denunciaban la discriminación que sufren los agricultores frente al resto de los trabajadores, ya que perciben pensiones más bajas, no cuentan con acceso a la jubilación anticipada, y tienen prestaciones más bajas por enfermedad y por maternidad, "a pesar de cotizar más del doble que cualquier otro trabajador".
Los manifestantes, liderados por los secretarios generales de CC.OO. y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, respectivamente, recorrieron el Paseo de la Castellana desde la plaza de Pablo Ruiz Picasso hasta concentrarse a las puertas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al son de silbidos, tambores y lemas como "el campo unido, jamás será vencido".
Fidalgo y Méndez portaban una gran pancarta que rezaba 'Por la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen General ya' en la primera reivindicación, con independencia de la fiesta del 1 de mayo, que encabezan ambos dirigentes sindicales en la presente legislatura.
Los sindicatos sostienen que la patronal agraria presidida por Pedro Barato se niega a la puesta en práctica del acuerdo sellado en 2005 para mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores agrarios, aunque la medida no tiene ningún coste económico, ya que el aumento de las cotizaciones empresariales se puede compensar con ayudas y subvenciones.
Para percibir estas ayudas, los empresarios sólo han de cumplir dos condiciones: que los contratos tengan más de dos meses de duración y que el salario supere los 800 euros, precisó la secretaria general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO, Cecilia Sanz, para quien la postura de Asaja refleja su voluntad de mantener al sector agrario "desregulado, sin transparencia, sin contratos y sin condiciones laborales".
En su arenga a las puertas del Ministerio, Fidalgo emplazó al Gobierno a hacer cumplir los acuerdos sellados y "poner fin a la injusticia" de que los agricultores reciban la tercera parte de las prestaciones que el resto de trabajadores. "No venimos a romper nada, sino a exigir lo que nos prometieron", dijo Fidalgo, tras recordar que la integración del REASS fue la condición por la que el sindicato apoyó la reciente reforma de las pensiones y de la Seguridad Social.
Por su parte, Méndez instó a los empresarios agrícolas a "dignificar e igualar" las condiciones de los trabajadores del campo, "que viven como en el siglo XIX", mientras la agricultura gana en dinamismo cada día. "El agujero de desigualdad es muy serio" y afecta a casi 900.000 familias trabajadoras en el campo, advirtió el líder ugetista.
CONTRA "LA SINRAZON Y LA CHULERIA" PATRONAL.
En el mismo sentido, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, Jesús García, reclamó al Ejecutivo socialista que tenga la misma sensibilidad con los agricultores que la demostrada con los que reciben las pensiones y los salarios más bajos, y arremetió contra "la sinrazón y chulería" de la patronal agraria. "No les vamos a permitir que nos traten así ni un minuto más", aseveró.
Los trabajadores del campo afirman que llevan más de diez años esperando que se cumpla la voluntad del Parlamento de integrar el REASS en el Régimen General y denuncian la intransigencia de los empresarios, "que se niegan a cualquier cambio que suponga terminar con su situación de privilegio".
Concretamente, reivindican la integración para todos los trabajadores, fijos o eventuales; que se garantice el alta en la Seguridad Social durante todos los días trabajados, para acabar con el "trabajo negro"; que la cotización tenga como base el salario real, y no el mínimo; y que el porcentaje de cotización de los agricultores baje del 11% al 4%, como el resto de empleados.
