Los afectados de Fórum y Afinsa denuncian que han sido "moneda de cambio"

Madrid, 29 nov (EFECOM).- La Coordinadora Española de Afectados de Fórum y Afinsa ha denunciado hoy que este colectivo ha sido "moneda de cambio" en los intereses del Gobierno y de los nacionalistas y ha opinado que la ley de bienes tangibles aprobada en el Congreso no soluciona el problema.

A su juicio, el debate hoy en el Congreso de los Diputados de la ley de bienes tangibles -respaldada por todos los grupos salvo el PP- ha puesto de manifiesto el divorcio entre la clase política y la ciudadanía.

"El quiebro que han dado la mayoría de los partidos nacionalistas que se comprometieron con las asociaciones de afectados a defender una solución justa para las 460.000 familias afectadas ha hecho que el PP se quede solo en la defensa de los perjudicados por este desastre".

La tramitación de la ley demuestra que "la política es un intercambio de cromos", en el que "priman los intereses de los partidos sobre los de los ciudadanos".

La solución impulsada por el Gobierno de ampliar los créditos ICO es "insuficiente, tanto por la cuantía como porque obliga a los afectados con menos recursos a entramparse con el Estado al tener que devolverlos en el plazo de cinco años".

"No entendemos, por tanto, que no se haya ido más allá salvo que el Gobierno haya comprado la voluntad de los grupos, a excepción del PP"; "nos sentimos engañados y utilizados como moneda de cambio por parte del PSOE y de los partidos nacionalistas", añade en una nota la Coordinadora Española de Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa.

Adelanta además que las asociaciones de afectados seguirán trabajando por una solución justa y rápida a la mayor crisis financiera que "ha dejado en la indigencia a miles de jubilados, discapacitados y familias que contaban con esos recursos para subsistir".

El Gobierno, considera la Coordinadora, ha tenido y aún tiene la ocasión de solventar el tema evitando las consecuencias negativas que para sus intereses tendría en las elecciones "su ofuscación en este asunto y el costoso pago de los intereses de demora que supondría esperar a la resolución judicial".

En este sentido, recuerda la sentencia del Supremo en el caso de la colza que señalaba que el Estado "pudo y debió afrontar con las consecuencias indemnizatorias suficientes para compensar y resarcir a los afectados de sus consecuencias", sin esperar a que los Tribunales decidan sobre posibles responsabilidades penales. EFECOM

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