Lisboa, 28 jun (EFE).- Los empresarios portugueses pidieron hoy al nuevo Gobierno conservador luso medidas para acabar con el coste "exorbitante" del acceso al crédito para las empresas, que llega a superar el 12 por ciento de interés.
El presidente de la Confederación Empresarial Portuguesa (CIP), Antonio Saraiva, celebró hoy su primera reunión con el ministro de Economía y Empleo, Alvaro Santos Pereira, y expresó después a los periodistas la "sintonía" de posiciones entre la patronal y el Ejecutivo luso.
Saraiva afirmó que el Gobierno surgido de las elecciones anticipadas del pasado día 5 contará con el apoyo de los empresarios para cumplir sus objetivos económicos y se declaró "animado" tras la primera entrevista oficial con el ministro Santos Pereira.
El presidente de la CIP consideró que el peor problema que sufren las empresas portuguesas es la falta de crédito, que unido a los problemas de cobros ha creado graves crisis de tesorería.
El crédito a las empresas está prácticamente cerrado y el poco que se concede implica tipos de interés inasumibles, señaló el dirigente empresarial.
La contracción del crédito ha aumentado en Portugal ante la presión del mercado sobre los interés de su deuda, que penaliza también a la banca.
El interés del bono luso a diez años rompió el lunes en el mercado secundario la barrera del 11,5 % y aunque hoy registró un ligero descenso se mantenía en el 11,64, con una diferencia de 874 puntos básicos sobre el bono alemán.
Tras más de una semana de alzas por la incertidumbre sobre Grecia los títulos de la deuda portuguesa a menor plazo, con vencimientos a dos y cinco años, bajaban también algunos puntos básicos pero seguían por encima del 14 por ciento, en niveles nunca vistos desde la creación del euro.
Según Saraiva entre las primeras decisiones económicas que prepara el primer ministro luso Pedro Passos Coelho figuran medidas para facilitar el acceso al crédito por parte de las empresas y varias subidas de los tramos del impuesto al valor añadido (IVA) al que están sometidos los productos de consumo, que van del 6 al 23 %.
La patronal también espera una reducción de la contribución de las empresas a la seguridad social para facilitar la reactivación económica, una medida que fue solicitada a Portugal por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estos dos organismos concedieron en abril a Lisboa un préstamo de 78.000 millones de euros para evitar la bancarrota del Estado luso, pero exigieron el cumplimiento de un estricto programa de ahorro del gasto público y reformas de la administración y el mercado laboral.
Entre ellas figuran medidas para hacer más rápida y efectiva la Justicia, a la que la CIP responsabilizó hoy de multiplicar los problemas de las empresas con su "ineficacia", en alusión a la falta de diligencia para afrontar la morosidad y los litigios entre compañías.
El ministro luso de Economía también se entrevistó hoy con la Confederación del Comercio y Servicios de Portugal y su presidente, Joao Vieira Lopes, se mostró esperanzado en que se adopten medidas que ayuden a reactivar este sector de la economía lusa, muy afectado por la recesión que vive el país.
El nuevo ministro luso de Economía y Empleo también se ha reunido ya con los principales sindicatos que, al contrario de la patronal, se mostraron contrarios a las medidas económicas que prepara.
Tras la reunión con Santos Pereira, el lunes, la mayor central sindical de Portugal, la Confederación General de Trabajadores (CGTP, comunista) pidió un aumento del salario mínimo y amenazó con movilizaciones.
La CGTP consideró prioritario por los problemas sociales del país aplicar el aumento del tres por ciento del salario mínimo, que pasaría de 485 a 500 euros mensuales, previsto este año por el anterior Ejecutivo socialista pero aplazado ante la crisis económica.
El secretario general de la CGTP, Manuel Carvalho da Silva, declaró que también había transmitido al ministro el "desagrado" sindical por la imposición de reformas laborales por parte de la UE y el FMI.
