México, 19 jun (EFECOM).- El Gobierno mexicano rechazó hoy el "chantaje" de sindicalistas que anunciaron una huelga nacional para el 28 de junio, cuatro días antes de las elecciones generales, en demanda del reconocimiento oficial de un líder minero fugitivo y acusado de corrupción.
El portavoz del Gobierno, Rubén Aguilar, rechazó los términos de una carta remitida el domingo por los sindicalistas mineros al presidente mexicano, Vicente Fox, a quien exigieron reconocer a su líder prófugo, Napoleón Gómez Urrutia, para evitar "consecuencias que pueden ser lamentables en la etapa final de su régimen".
"Nadie está por encima de la ley en este país al acudir al chantaje para imponerse a las normas. Quienes son prófugos deben dar cuenta a la justicia", enfatizó Aguilar en conferencia de prensa.
Los sindicalistas remitieron el domingo una misiva a la residencia presidencial de Los Pinos en la que señalan que el reconocimiento a la "voluntad legítima de los trabajadores emitida para reconocer liderazgos es el primer paso para que el conflicto minero se resuelvan dentro de la vida institucional".
"No entenderlo ni hacerlo así sería una responsabilidad histórica del presidente de la República, que de no cumplir con sus atributos y facultades constitucionales (afrontaría) consecuencias que pueden ser lamentables en la etapa final de su régimen", señaló la carta.
Los mineros llevaron la misiva a Los Pinos 48 horas después de que líderes de su sindicato y de otros sectores de la economía mexicana amenazaran con decretar una huelga nacional el 28 de junio, cuatro días antes de los comicios presidenciales y legislativos del próximo 2 de julio.
Los líderes de la manifestación señalaron en un comunicado que la jornada de protesta, en la que esperan la participación de unos cuatro millones de trabajadores, será en apoyo a los mineros leales a Gómez Urrutia y en defensa de la autonomía sindical que, dicen, es vulnerada por las autoridades federales.
El gobierno de Fox acusa a Gómez Urrutia, que está fuera del país, de malversar unos 55 millones de dólares del sindicato minero que dirigía, por lo que la justicia le abrió una causa y pidió su arresto.
Los seguidores y abogados del dirigente sindical niegan que haya tenido una conducta inapropiada y acusan al Gobierno de "perseguirlo por motivos políticos".
A raíz del caso de Gómez Urrutia, cientos de trabajadores han cesado sus actividades en diversas minas mexicanas, movimiento que aspiran a generalizar en la jornada del 28 de junio.
Por otra parte, la empresa Altos Hornos de México (Ahmsa), propietaria de algunos de los yacimientos afectados por el cese de actividades, instó hoy a la justicia, mediante avisos de prensa, a "poner orden jurídico y emitir las resoluciones pendientes que den término a una situación que afecta gravemente al país en su conjunto". EFECOM
cr/act/svo/lgo
