Los ministros europeos de Economía y Finanzas celebran hoy en Bruselas una reunión extraordinaria para evitar un choque de trenes entre el Gobierno alemán y el Banco Central Europeo (BCE).
Berlín y Fráncfort discrepan sobre hasta qué punto se puede implicar a los inversores privados en la segunda operación de rescate de Grecia. La incertidumbre agita a los mercados y deja al descubierto a otros países en apuros de la zona euro como Irlanda, Portugal, Bélgica, España o Italia.
Ahora que es público y notorio que los 110.000 millones de euros en préstamos ofrecidos a Atenas hace un año no bastan, se estudia una segunda intervención que podría obligar a Europa y al Fondo Monetario Internacional a inyectar entre 45.000 y 60.000 millones de euros adicionales. A los que se sumarían entre 30.000 y 50.000 millones que Atenas recaudaría de un amplio proceso de privatizaciones.
Para reducir el esfuerzo del contribuyente de a pie, Berlín -pagano principal y fundamental en toda iniciativa en la UE-pretende que la banca, las aseguradores y los fondos de inversión acepten que Grecia retrase siete años el pago de un monto de su deuda equivalente a 30.000 millones de euros.
El mercado ha advertido que equiparará esta solución a un impago. Y el BCE la rechaza por temor a que una reacción de pánico de los inversores provoque una estampida que atropelle al euro. El BCE plantea como alternativa que los bancos voluntariamente sigan comprando deuda griega, reinvirtiendo los pagos que vayan recibiendo de Atenas a medida que venzan los bonos en su poder.
Para evitar un efecto dominó en el mercado que tumbe a Eurolandia, y para lograr el apoyo del BCE -sin cuya provisión de liquidez quebraría la banca griega y, de rebote, todo el país-, los expertos de los Estados de la zona euro estudian cómo evitar que la propuesta de Alemania desencadene una avalancha de indemnizaciones en el mercado de los credit default swaps o CDS: derivados que aseguran contra el riesgo de impago. También intentan evitar que se disparen de manera automática los requisitos que obligarían a los bancos expuestos a la deuda helena -sobre todo alemanas y franceses- a elevar sus reservas de capital para garantizar su solvencia.
A más tardar, los flecos del acuerdo deberían salir atados o casi de la reunión que los ministros europeos de Economía y Finanzas mantendrán el lunes 20 de junio en Luxemburgo. Y la decisión definitiva debería quedar definitivamente bendecida en la cumbre que celebrarán los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la UE el jueves 23 y el viernes 24 de este mes en Bruselas. De lo contrario, el mercado se pondrá aún más nervioso ante la persistencia de la incertidumbre, y pagarán aún más caras las consecuencias el resto de los países en el punto de mira de los especuladores.
Sanciones contra el déficit
Hasta que ayer finalmente se coló en el orden del día la crisis de Grecia, el único tema de la reunión extraordinaria de hoy en Bruselas de los ministros europeos de Economía y Finanzas iba a ser intentar acercar posiciones sobre el endurecimiento de los controles y las sanciones sobre los países que incurran en deudas y déficits excesivos, u otros desequilibrios como las burbujas inmobiliarias que enterraron los milagros económicos de España e Irlanda.
Los Gobiernos nacionales conspiran desde hace un año para diluir la reforma dejándose margen para desactivar las sanciones, aunque el margen sea más reducido que en la actualidad. Pero el Parlamento Europeo -espoleado por el BCE- amenaza con bloquear la negociación que debería culminar este mes de junio. Los eurodiputados exigen que el endurecimiento de las normas incluya la imposición automática de las sanciones.
