López y las diputaciones discrepan sobre el efecto de la sentencia de la UE

Bilbao, 9 jun (EFE).- El Tribunal de Justicia de la UE declaró hoy ilegales las ayudas concedidas a empresas nuevas de Euskadi en la década de 1990, conocidas como "vacaciones fiscales", lo que ha provocado la crítica del lehendakari, Patxi López, a la actuación de las tres diputaciones vascas, que han asegurado, a su vez, que el fallo "carece de efectos prácticos".

López se ha referido a la amenaza de una "sanción multimillonaria", mientras que los tres organismos forales vascos -competentes en materia fiscal- han afirmado que la sentencia ya está ejecutada.

El fallo, contra el que no cabe recurso, da la razón a la Comisión Europea (CE), que había declarado ilícitas las medidas en 2001 y ordenado su recuperación.

La decisión afecta a una de las tres medidas conocidas como "vacaciones fiscales": la exención del impuesto de sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994.

Las otras dos -el crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y la reducción gradual de la base imponible del impuesto sobre sociedades aplicada desde 1995- están aún pendientes de fecha de pronunciamiento.

El lehendakari, Patxi López, ha criticado hoy que las diputaciones forales vascas, al conceder los incentivos fiscales a la inversión en la década de 1990, obviaron la normativa comunitaria y no comunicaron esas ayudas a la Comisión Europea (CE), aunque se ha comprometido a "minimizar el efecto de esta resolución adversa para las empresas vascas".

También ha puesto de relieve que "cuando la presión de Bruselas, del Gobierno central y de las comunidades limítrofes obligó a derogar las normas cuestionadas, no se recondujo la situación" y que, de hecho, la prolongación del conflicto agravó el problema y ahora pesa la amenaza de una "sanción multimillonaria".

Las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, por su parte, han coincidido en sendos comunicados en su reacción a la sentencia: han acatado la resolución, pero han opinado que "carece de efectos prácticos" porque ya se había ejecutado completamente la decisión de la CE.

El Gobierno de La Rioja, comunidad limítrofe con Euskadi que se consideraba perjudicada por dichas ayudas, ha expresado su "satisfacción" por el fallo y su presidente, Pedro Sanz, ha dicho que confirma que "un aplicación abusiva del Concierto Económico vasco provoca desigualdad y discriminación".

La Junta de Castilla y León ha considerado que la sentencia está en línea de lo defendido durante años por esta comunidad, aunque ha lamentado el actual "blindaje" de ese "privilegio ilegal", tal y como ha denominado a las ayudas fiscales.

La patronal vasca, Confebask, ha discrepado del fallo porque considera que "no respeta el principio de confianza legítima" y ha argumentado que las empresas se acogieron a la normativa que estaba entonces vigente "con plena confianza en la legalidad de la misma, dado que ésta había sido dictada por la autoridad tributaria".

Tras la sentencia de hoy habrá que esperar a que los jueces de Luxemburgo se pronuncien sobre la legalidad de los otros dos paquetes de ayuda antes de considerar la posibilidad de imponer una multa millonaria a España como solicitó la CE en mayo.

El Ejecutivo de la UE reclamó entonces imponer una sanción de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto, hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.