MADRID (Reuters) - El Gobierno español advirtió el jueves a los acreedores del endeudado grupo Nueva Rumasa que la promesa de la familia propietaria Ruiz Mateos de saldar sus compromisos financieros con supuestos derechos de cobro del Estado español carece de fundamento.
"No existe, ni hay previsión de que exista, ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el Señor Ruiz Mateos", dijo el Ministerio de Economía en una nota de prensa saliendo al paso del último movimiento del grupo, que dijo que cedería a sus acreedores los supuestos derechos de cobro que lograría si prospera un litigio contra el Estado.
Nueva Rumasa dijo el martes que había ofrecido a sus tenedores de pagarés - que son acreedores de 250 millones de euros de la deuda del grupo - la cesión de derechos económicos de cobro derivados de unas pretensiones de retasación de la expropiación de la antigua Rumasa que el grupo dijo tener pendiente en un tribunal de Madrid.
El Ministerio de Economía, que recordó una sentencia del Tribunal Supremo en 2004 en la que fijaba un valor de cero como justiprecio de la antigua Rumasa, dijo que hasta la fecha el único fallo sobre la retasación ha sido contrario a los Ruiz Mateos y que el resto de procedimientos tiene un planteamiento igual al desestimado.
"El Estado español es mencionado en la propuesta como supuesto y eventual titular de unas obligaciones de pago que, desde luego, niega y combate y que, hasta ahora, han sido totalmente rechazadas por los Tribunales de Justicia", dijo Economía en la nota, añadiendo que los titulares de pagarés de Nueva Rumasa deben tener en cuenta estos datos.
Nueva Rumasa ha realizado desde febrero de 2009 emisiones de pagarés y participaciones que han sido objeto de advertencias por parte de la CNMV, y el grupo llegó a reconocer que había tenido retrasos "puntuales" en el pago de sus deudas.
Posteriormente, la mayoría de sus sociedades, entre ellas empresas tan conocidas como Dhul, Cacaolat o Clesa, han entrado en un proceso de concurso voluntario de acreedores ante la incertidumbre sobre la salud financiera del grupo, con un pasivo reconocido de 1.200 millones de euros, incluidos los pagarés.
