Ginebra, 16 jun (EFECOM).- La 95 Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) concluyó hoy tras más de dos semanas de reuniones, en las que se aprobó un Convenio sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así como varias decisiones relacionadas con la promoción del trabajo decente.
"Se han adoptado normas para el siglo XXI que -según declaró hoy el director general de la OIT, Juan Somavia- son pertinentes y aplicables para todos los países del mundo y todas las etapas de desarrollo".
Inaugurada el pasado 31 de mayo, la conferencia contó con la participación de unos 4.000 representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores, entre los que destacó la presencia de la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, que enfatizó que su país necesita con urgencia acciones para promover la paz y el desarrollo.
También acudió el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien pidió medidas concretas para avanzar hacia una globalización más justa y propuso reducir el gasto en la carrera armamentista, especialmente en Latinoamérica.
Según sus datos, en 2004 los países latinoamericanos gastaron 22.000 millones de dólares en armas y tropas, "un monto que ha aumento un 8 por ciento en términos reales a lo largo de la última década y que ha crecido alarmantemente en el último año".
Ello pese a que la región "nunca ha sido más democrática y a que prácticamente no ha visto conflictos militares entre países en el último siglo", según Arias.
Uno de los temas más controvertidos fue el de la persistencia del trabajo forzoso en Myanmar (Birmania), una situación considerada como "de una gravedad sin precedentes" que resulta "inaceptable para la OIT".
Para los miembros de la organización sólo habrá progresos al respecto cuando haya un compromiso del Gobierno de Myanmar "tangible y verificable" respecto a la liberación de una persona que fue encarcelada tras haber tenido contactos con la OIT y la anulación del proceso judicial que se le ha abierto.
Además, se da un ultimátum para que Myanmar cree un mecanismo creíble capaz de hacerse cargo de las quejas sobre trabajo forzoso, con las garantías necesarias para la protección de quienes las presentan, compromiso que será revisado el próximo noviembre.
Sin embargo, el mayor acuerdo fue la aprobación, por una gran mayoría, de un convenio y una recomendación para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, a través de una cultura preventiva implantada por medio de programas nacionales.
Se aprobó también una recomendación para que los estados miembros adopten, en consulta con los interlocutores sociales, una definición clara de "relación laboral".
Con ello se pretende combatir la existencia de relaciones de trabajo disfrazadas, en las que no se respetan los derechos de los asalariados como las vacaciones, el sueldo o la cotización a la seguridad social.
La Conferencia también fue escenario de un acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores de Colombia, que acordaron aceptar una presencia permanente de la organización internacional ligada a la ONU en el país, con el fin de ofrecer asistencia técnica en el marco de un Programa Nacional de Trabajo Decente.
La presencia de la OIT también busca la promoción y la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo, en particular el derecho a la vida, a la libertad sindical y de expresión, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa para los empresarios.
Otra resolución acordada fue la relativa a la eliminación de la exposición de los trabajadores al asbesto, un mineral de composición similar al amianto, pero de fibras duras y rígidas, que por inhalación causa unas 100.000 muertes al año; al tiempo que se debatió sobre la violencia en el trabajo, que afecta a más de uno de cada diez empleados.
Igualmente, se acordó hacer lo necesario para rescatar, en un plazo máximo de diez años, a los cerca de un millón de niños que trabajan en minas y canteras de todo el mundo, de los que 400.000 se encuentran en Latinoamérica.EFECOM
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