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Los desahucios y las ejecuciones hipotecarias siguieron disparados en 2010

Barcelona, 25 may (EFE).- Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios tramitados por vía judicial siguieron disparados al alza en Cataluña durante el año 2010, mientras que, por contra, empezaron a bajar los casos de concursos de acreedores y despidos, que habían tocado techo en 2009.

Así lo ha anunciado hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, que ha comparecido en la comisión de Justicia del Parlament para dar cuenta de la memoria judicial de 2009 y avanzar los datos provisionales más destacados de 2010.

En concreto, según los datos aportados por Gimeno, en 2010 se tramitaron en el ámbito de la justicia un total de 6.645 casos de desahucio (frente a los 5.321 del año anterior y los 3.926 de 2008), mientras que se trataron judicialmente 18.152 ejecuciones hipotecarias (frente a las 18.053 del año anterior, las 11.240 de 2008 y las 4.538 de 2007).

En cambio, mientras los desahucios y las ejecuciones hipotecarias siguen disparadas, los casos de concursos de acreedores, de despidos y de embargos iniciaron en 2010 una tendencia a la baja, tras subidas constantes desde que en el año 2007 se empezaron a notar los efectos de la crisis económica.

El año pasado, la justicia catalana abordó 1.518 casos de concursos de acreedores (frente a los 1.771 de 2009 y a los 394 de 2007); 20.873 de despidos (frente a los 24.648 de 2009 y los 13.104 de 2007); y 10.860 de embargos (frente a los 12.504 de 2009 y los 10.961 de 2008).

Según los datos aportados por Gimeno, si se ve la justicia como un espejo para ver reflejada la evolución de la crisis económica se puede observar cómo entre 2007 y 2010 los concursos de acreedores han subido un 85% -aunque han bajado un 15% el último año-, mientras que los despidos han subido un 60% y las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado por cuatro.

En cifras globales, el total de asuntos ingresados en los juzgados catalanes bajó en 2010 un 1,7% y se situó en los 1.440.000, frente a los 1.453.953 del año anterior.

Este descenso obedece, según Gimeno, a que se han reducido los casos que han tenido que abordar las salas civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los juzgados sociales, los juzgados contenciosos y los juzgados mercantiles -donde los casos han bajado un 16,3%-.

La tasa de litigiosidad en Cataluña se situó en 2010 en 194,5 casos por cada mil habitantes -frente a los 204,7 casos por cada mil habitantes del conjunto de España-, según el presidente del TSJC.

Gimeno, que comparecía por primera vez en el Parlament tras su elección como presidente del TSJC, ha insistido en que la administración de justicia no está dimensionada "adecuadamente" para hacer frente al alud de casos que tiene que tratar.

En este sentido, ha apuntado que la problemática más importante que tienen que soportar es la existencia de un significativo número de vacantes, que condiciona "negativamente" el funcionamiento de los órganos judiciales.

Como ejemplo, Gimeno ha apuntado que la tasa de interinidad de los jueces en Cataluña se sitúa en el 20% -ahora hay 765 jueces y 159 vacantes-, aunque ha destacado que esta misma semana, con el ingreso de 51 nuevos jueces titulares, se empezará a mejorar de forma sensible esta situación y se reducirá la cifra de jueces interinos hasta el 12%.

Además, de las 690 plazas de secretarios judiciales que hay en Cataluña, 261 (un 37,8%) están cubiertas por sustitutos.

Ante esta situación, ha apuntado que no considera "aceptable" que la justicia en Cataluña dependa tanto de los interinos y ha puesto de relieve que mientras en el conjunto de España hay 10,3 jueces por cada cien mil habitantes, en Cataluña esta cifra baja hasta 9,5 jueces por cada cien mil habitantes.

Gimeno también ha subrayado ante los diputados que una de sus prioridades será promocionar el uso normalizado del catalán en la administración de justicia, por lo que se ha propuesto publicar las actas y acuerdos de la sala de gobierno también en catalán y garantizar que jueces y secretarios judiciales informen a los ciudadanos de su derecho a expresarse en la lengua oficial que deseen.

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