
Barcelona, 16 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente una parte de las concesión para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que otorga la Generalitat, según publica hoy La Vanguardia.
Esta suspensión cautelar se debe a la petición de la empresa Certio, que interpuso una demanda en desacuerdo con la adjudicación que en su día, bajo el gobierno tripartito, llevó a cabo la Generalitat con varios años de retraso sobre el calendario previsto.
Ésta no es la única demanda interpuesta, ya que otros grupos, como el del empresario Ramon Fajula, también han instado diversos procesos judiciales en contra de las adjudicaciones.
Certio es una escisión de Applus+, controlada por el fondo de capital riesgo Carlyle, que se segregó precisamente en un intento de garantizar una mayor competencia.
El auto del TSJC alega que los subcriterios que se aplicaron para dar esta concesión pública era excesivamente extensos, condicionaron las ofertas y en definitiva "contrarian el proceso legalmente establecido".
Certio tendrá que avalar con 200.000 euros para que sea efectiva la suspensión cautelar, una cantidad baja para el negocio que está en juego.
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