Madrid, 16 oct (EFECOM).- El Gobierno llevará esta semana al Consejo de Estado el anteproyecto de ley que regulará la contratación con los consumidores de préstamos hipotecarios y de servicios de intermediación, para mejorar la transparencia en información y precios de los préstamos.
Así lo anunció el secretario de Estado de Economía, David Vegara, quien señaló que el objeto de esta norma es mejorar la protección a los consumidores, aunque reconoció que quedan pocos meses de legislatura para que pueda aprobarse a tiempo.
Entre las novedades que incluye la futura ley está la obligación de las entidades de crédito de publicar sus tarifas en folletos o la necesidad de mantener durante diez días hábiles la oferta vinculante que hayan podido hacer los clientes.
Según señaló Vegara en su intervención en un Foro organizado por el diario Cinco Días, la nueva regulación ampliará de forma considerable las obligaciones de transparencia que deben cumplir las entidades que ofrecen préstamos, tanto las tradicionales -bancos y cajas- como las demás, de forma que los consumidores puedan conocer al detalle los instrumentos que han contratado.
Lo que se pretende, dijo, es "unificar los requisitos" que deben cumplir los principales productos financieros, que son los créditos al consumo y los hipotecarios, de forma que sean los mismos "independientemente de la entidad que los presta".
Con esta nueva norma se mantiene íntegra la vigencia de la Ley de crédito al consumo, que se aplica tanto a entidades de crédito como a empresas, y por otra parte, en materia de préstamos hipotecarios, se amplían las obligaciones que ya tienen las entidades de crédito a otros operadores que también realizan estas actividades.
La nueva ley regulará también la intermediación en la agrupación de deudas -reunificadoras o refinanciadoras-, una actividad que, según Vegara, puede ser positiva para los consumidores porque les permite ganar poder de negociación frente a los prestamistas y les ayuda a reducir los costes de búsqueda.
La nueva ley, dijo, busca garantizar que las empresas que se dediquen a la reunificación de crédito cumplan con unos estándares de transparencia elevados, que aseguren que el consumidor está informado.
Entre las novedades de la norma, Vegara citó la obligación de todas las empresas que realicen este tipo de actividades de inscribirse en los registros públicos, y también se contempla la creación de un registro estatal en el Instituto Nacional de Consumo.
Entre las obligaciones de transparencia, la norma recoge que las empresas no podrán aplicar cantidades superiores a las que se deriven de las tarifas correspondientes, que deberán recoger en un folleto, además de disponer de tablones de anuncios.
Las empresas deberán formular al consumidor una oferta vinculante, por escrito y firmada por un representante de la entidad, que tendrá un plazo de validez de diez días hábiles desde su fecha de entrega.
En cuanto a la intermediación, las entidades que la practiquen deberán precisar si son independientes o dependen de otra entidad. Las que estén vinculadas a otras entidades no podrán percibir retribución de los clientes, y las que lo sean sólo podrán recibirla cuando se haya pactado el importe a remunerar.
Vegara recordó que las entidades financieras ya están supervisadas por el Banco de España porque son entidades de deposito, y no tanto por su gestión del crédito, actividad que en España no está reservada.
Debido a que la ley tiene que ver con la protección del consumidor, la vigilancia de estas actividades, dijo, se hará "conjuntamente" entre Economía y el Ministerio de Sanidad y Consumo.EFECOM
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