Madrid, 28 feb (EFE).- El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró hoy que no hay vencedores ni vencidos con el laudo dictado hoy sobre el II convenio colectivo de los controladores aéreos por el exministro Manuel Pimentel.
Blanco dijo, en una rueda de prensa, que AENA cumplirá el laudo "de la a la z" y señaló que espera que también lo hagan los controladores aéreos.
Recordó que, con el laudo, se cierra un largo proceso que muchos dieron por imposible de resolver, ya que han pasado 11 años desde la aprobación del anterior convenio de este colectivo y seis desde que aquel perdió su vigencia.
El ministro felicitó tanto a AENA como al colectivo de controladores por sus esfuerzos negociadores y también al árbitro, que se eligió por consenso de ambas partes, a propuesta del sindicato de los controladores USCA.
El ministro manifestó que no veía "ni un éxito personal ni una derrota de nadie" en el laudo dictado por Pimentel, ya que su propósito es que gane la economía española y que mejore la vida de todos los ciudadanos.
En su opinión, el procedimiento de laudo voluntario es una forma eficaz para solucionar este tipo de conflictos enquistados, como el del nuevo convenio de los controladores aéreos.
El laudo, de obligado cumplimiento por ambas partes, permitirá garantizar la continuidad de los servicios aeroportuarios de una forma más eficiente y competitiva, y permite afrontar el futuro de AENA con una mayor colaboración entre la empresa y los controladores, indicó.
El control aéreo ha sido una prioridad de las reformas estructurales en las que trabaja el Gobierno para mejorar la eficiencia y competitividad del transporte aéreo español, ya que se trata, dijo, de un elemento clave de la economía española.
Recordó que, al tratarse de una de las redes aeroportuarias más importantes del mundo, el Gobierno está liderando el proceso más ambicioso en varias décadas y aún quedan por delante importantes desafíos, como el nuevo modelo de gestión de los aeropuertos o la liberalización de los servicios de navegación aérea.
Aunque estos retos son difíciles, Blanco se mostró convencido de que no son imposibles, porque con perseverancia y diálogo, dijo, no hay nada imposible, lo que acaba de demostrar la solución del conflicto entre Aena y los controladores.
Blanco no entró en más detalles del laudo, porque todavía no ha podido leerlo con detalle, pero indicó que resuelve un problema derivado de un convenio que dejó de ser vigente hace 6 años y que establecía una jornada laboral de 1.200 horas, mientras que ahora ésta se amplía a 1.670, para pasar en 2013 a 1.595.
Por ello, a su juicio, el laudo resuelve un problema de tiempo de trabajo y sitúa a los controladores españoles en torno a la medida europea, "un poquito por encima, porque también por encima están sus salarios" y se trata de buscar un equilibrio entre la productividad y remuneración.
Blanco dijo que está muy satisfecho con el laudo, porque resuelve perfectamente este binomio salario-productividad.
Aclaró que, cuando hay una mediación, no se le puede dar toda la razón a una parte, porque sería un laudo parcial, pero dijo que el que interpreta bien la ley y obliga a todos a cumplirlo, como el dictado por Pimentel, contribuirá a la reducción de los costes de navegación y permitirá un marco laboral estable para los trabajadores.
Blanco explicó que el laudo establece un cómputo de horas extras para un proceso de formación que antes se quería computar como de trabajo, pero en 2011 trabajarán un tiempo similar al de 2010, aseguró.
Aclaró que, en 2010, la inmensa mayoría de los controladores no llegó a 1.670 horas de trabajo y, en contra de lo que se planteaba, no superó el límite establecido, lo que confirman, dijo, hasta 50 sentencias judiciales que han dado la razón a AENA en el conflicto.
Aunque en su opinión es aún prematuro evaluar el impacto económico del laudo, recordó que en 2010 el coste de las horas extras pagadas a los controladores se redujo a 3,5 millones de euros, frente a 360 millones en 2009.
Por tanto, sin hacer un cálculo definitivo, se supone que esta reducción se consolidará y los costes totales pasan de 700 millones largos a más de 400 millones de euros, dijo.
En cuanto a los 200.000 euros de salario medio, cantidad que ya se planteó en agosto, suponen 140.000 euros menos frente a las retribuciones de 2009 y 2008, cuando la media se situaba en 340.000 euros, recordó.
