
Madrid/Barcelona, 17 feb (EFE).- La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha asegurado hoy que reconsiderará varias inversiones y, en especial, su participación en el Salón del Automóvil de Barcelona, en protesta por la nueva normativa que afecta a la industria del coche.
Los fabricantes amenazan con no acudir a este salón, el más importante del sector que se celebra en España y de los más destacados de Europa, con el objetivo de presionar al Gobierno y a los partidos de la oposición respecto a esta normativa, que les obliga a quedarse con los vehículos que los concesionarios no vendan en un período de 60 días.
El presidente de la Anfac, Francisco Javier García Sanz, ha advertido hoy de que la enmienda aprobada en la Ley de Economía Sostenible sobre la redes de distribución ponen en "serio peligro" las inversiones comprometidas por las marcas y las del futuro.
En una reunión con los medios, en la que no se han admitido preguntas, García Sanz ha señalado que la decisión adoptada en el Pleno del Congreso "ha indignado a la industria del automóvil", y que el sector se siente "descontento", "preocupado", "engañado" y "traicionado".
Las críticas de García Sanz se han centrado en los partidos políticos que apoyaron esta enmienda "especialmente en el PP y en CiU", a los que ha acusado de no ser conscientes de "las terribles repercusiones que esta medida tiene sobre la industria del automóvil".
Es por ello que la dirección de Anfac va a solicitar "reuniones urgentes" con los presidentes del PP, Mariano Rajoy, y de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para tratar esta cuestión que, ha reiterado, puede tener graves consecuencias.
En sus críticas, García Sanz ha subrayado que algunos de estos partidos tendrán que dar cuentas de los perjuicios que pueden causar al tejido productivo instalado en sus Comunidades Autónomas.
El Congreso aprobó este martes una enmienda por la que los concesionarios podrán devolver a los fabricantes los vehículos que no hayan vendido en el plazo de 60 días, y éstos deberán recomprarlo al mismo precio al que se lo vendieron.
Los argumentos de los fabricantes inciden en el peso específico de esta industria que emplea directa e indirectamente a dos millones de personas, y que medidas como la adoptada, opinan, generan desconfianza en las sedes de las multinacionales que toman las decisiones respecto a las inversiones en España.
García Sanz ha calificado de "inaceptable" que en el plazo de dos semanas se haya modificado, sin el consenso del sector, una regulación básica en una industria de la importancia del automóvil y que, además, se convierte en una excepcionalidad en el seno de la UE "por un interés puramente electoral".
El máximo responsable de los fabricantes automovilísticos españoles ha precisado que "esta nueva situación nos obliga a reconsiderar algunas acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión".
García Sanz ha recalcado que las quejas expresadas no deben entenderse como amenazas y, sin citar a la patronal de concesionarios Faconauto, promotora de la medida, ha indicado que "va a crear una fuerte inseguridad en las relaciones entre fabricantes y redes comerciales en un momento especialmente crítico".
Los riesgos de disentimiento entre fabricantes y distribuidores generados por esta normativa, según García Sanz, provocan una situación tan grave que "hace imposible que se firmen nuevos contratos".
"Nos jugamos el futuro de la industria del automóvil en España", ha dicho el presidente de Anfac.
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